
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) continúa en el ojo de la polémica. Luego de varios años con la lupa de las autoridades por presuntas irregularidades, lo que va 2024 también ha traído inquietudes sobre su efectiva implementación en favor de los niños de las instituciones distritales, departamentales y municipales.
Tal situación ha desencadenado los esfuerzos de la Procuraduría General para intensificar su vigilancia ante los notorios retrasos en varios departamentos y municipios del país. Ya entrado en dos meses el año escolar, la procuradora general, Margarita Cabello, señaló que en la operación de este programa varios departamentos “se rajan”.
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“En las tareas de vigilancia que hace la Procuraduría al Programa de Alimentación Escolar -PAE- se pudo evidenciar que después de dos meses de iniciado el calendario escolar varios departamentos y municipios se rajan al no haber echado a rodar la operación mientras que otros andan a media marcha”, advirtió el comunicado oficial.
De acuerdo con la denuncia del organismo de control, la atención se centra específicamente en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Meta y Sucre, donde se ha reportado una operación deficiente del programa.
Con excepción de las ciudades de Girardot, Cundinamarca y Sincelejo, Sucre -las ciudades con desempeño más deplorable- se han afectado más de 20.000 estudiantes beneficiarios en poblaciones con alto índice de vulnerabilidad socioeconómica.

“En Antioquia, por ejemplo, las poblaciones de Abejorral, Amagá, Ciudad Bolívar, Fredonia, Heliconia, Jericó, Puerto Berrio, San Pedro de Urabá, Titiribí, Urrao y Venecia presentan tropiezos para avanzar en el PAE”, expresó la entidad.
Como consecuencia, la procuradora Margarita Cabello ha decidido “intensificar” la vigilancia, mientras solicitó a los entes territoriales implicados que informen sobre el estado o avance de los procedimientos contractuales que se están llevando a cabo para la prestación del servicio. “
Y aunque parezca insólito, es real. El ente de control aseveró que “la implementación del PAE anda a pasos de tortuga”. Los casos más graves son las dos ciudades mencionadas (Girardot en Cundinamarca y Sincelejo, capital de Sucre). En estos lugares aún no se ha completado el proceso contractual para el suministro de alimentos, y se han afectado a 54.724 niños de 43 instituciones educativas a la espera.
Como consecuencia, la procuradora Margarita Cabello ha decidido “intensificar”la vigilancia, mientras solicitó a los entes territoriales implicados que informen sobre el estado o avance de los procedimientos contractuales que se están llevando a cabo para la prestación del servicio. “Es prioritario garantizar los derechos de los niños y adolescentes”, señaló.
Esto dice el PAE
Ante estas denuncias y con la meta del PAE de aumentar su cobertura del 76% al 95%, la Procuraduría advierte que no se detendrá en intensificar sus acciones de monitoreo. La procuradora general enfatizó que, de ser necesario, se pasaría “Del llamado de atención a la sanción”, para asegurarse de que los derechos de los menores no sean vulnerados por fallos en la implementación de este crítico programa, como reportó el medio.

La situación ha llevado incluso funcionarios como el senador Antonio Correa a denunciar la mala alimentación proporcionada en estos departamentos, entre esos también Córdoba. En 2022 ha sostenido una batalla legal para que hayas más oferentes, y se garantice que no exista corrupción en los procesos.
A través de un proyecto de Ley que él mismo impulsó en ese año, afirmo que “El PAE debe ser protegido legalmente para que la contratación de proveedores, la interventoría y la planeación por parte de los departamentos, distritos y municipios se haga de la mejor manera, se respete la calidad de los alimentos brindados y el origen de los suministros. Esta ley protegerá de una vez por todas los recursos sagrados destinados a la comida de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
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