En el primer semestre del 2023 se han presentado 59 desplazamientos forzados por el conflicto armado en Colombia

En medio de los múltiples procesos de paz que adelanta el Gobierno con los grupos armados ilegales de Colombia existe un contraste, pues las hostilidades, amenazas y desplazamientos forzados no cesan. De acuerdo con las cifras entregadas por el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en lo corrido del año se han presentado 59 desplazamientos masivos, que equivalen a 18.755 personas sacadas a la fuerza de sus territorios por culpa de la violencia.

Camargo hizo un llamado de urgencia a la administración del presidente Gustavo Petro para que atiendan de manera oportuna y eficaz a las poblaciones afectadas por los grupos armados que dicen tener disposición de paz, pero siguen vulnerando sus derechos.

“Estas son las cifras frías que debemos entregar y con las que esperamos llamar la atención de las autoridades del Estado para no permitir que eventos como el confinamiento se vuelvan paisaje, sin que el Estado atienda de manera oportuna y eficaz las vulneraciones contra las comunidades”, aseguró el defensor del Pueblo.

Concorde a lo registrado por la entidad defensora de los derechos, Chocó es el departamento del país con mayor cantidad de denuncias de confinamientos a causa de grupos armados (70) lo que representa el 79% de este tipo de vulneración de los derechos. Otros departamentos con presencia de grupos armados ilegales, que registran este tipo de situaciones son Arauca y Cauca con seis eventos cada uno; Valle del Cauca, cinco, y Nariño, dos.

La zona fronteriza entre el Chocó y Panamá hace que sus poblaciones se vean afectadas por las disputas territoriales de grupos armados como el ELN y el clan del Golfo, que buscan hacerse con las principales rutas del narcotráfico hacia el océano Pacífico, el mar Caribe y Centroamérica, convirtiendo el territorio chocoano en un campo de batalla constante por su importancia geográfica.

Durante la presentación del informe el estado de la movilidad humana forzada, documento que detalla el número y la localización de los confinamientos, los desplazamientos y riesgos, Camargo Assis aseveró que entre el primero de enero y el 20 de junio del 2022 se presentaron 92 eventos, mientras que en las mismas fechas del 2023 se registraron 89.

Lo anterior representa una disminución casi nula en los desplazamientos, teniendo en cuenta los procesos para “paz total” del Gobierno, que han tenido pocos resultados, pues en el primer semestre del año han sido confinadas 103 comunidades por los enfrentamientos armados, esa cifra equivale a 5.825 familias.

“Las comunidades se ven obligadas a permanecer prácticamente secuestradas en sus territorios, al quedar en medio de los enfrentamientos de grupos armados ilegales, que son los causantes de los riesgos, las amenazas y señalamientos”, puntualizó Carlos Camargo Assis.

En el informe, la Defensoría del Pueblo evidenció que las principales causas del confinamiento en Colombia durante los seis primeros meses del 2023 estuvieron relacionadas con el aumento de la presencia de grupos armados ilegales, con 47 eventos; 32 casos de enfrentamientos armados; 7 amenazas y finalmente, un evento debido a un paro armado.

“Allí resulta fundamental que las autoridades nacionales, departamentales y municipales tomen las medidas necesarias para defender la institucionalidad del Estado y evitar que los violentos sigan ganando terreno”, agregó Camargo, quien también enfatizó en que el Gobierno tiene que tomar acciones para evitar el desplazamiento forzado de alcaldes, concejales, docentes y otros funcionarios públicos de sus territorios, por cuenta de las amenazas de los grupos armados ilegales.

Respecto al exilio de funcionarios públicos, el diario El Tiempo recopiló el caso de cinco alcaldes del país que fueron desplazados de sus poblaciones. Se trata de Nelson Leal López, alcalde de Tibú (Norte de Santander) quien tuvo que huir el pasado 10 de marzo hacia Cúcuta por los constantes hostigamientos del ELN.

Otro caso es el de Yina Moreno Mosquera, alcaldesa de San José del Palmar (Chocó), quien debe gobernar desde Pereira (Risaralda) por las constantes amenazas de los grupos criminales de la zona. El tercer alcalde que manda desde el exilio es Ider Álvarez, mandatario de La Playa del Belén (Norte de Santander), quien salió de su población por amenazas de las disidencias de las Farc.

El alcalde de Cartagena del Chairá (Caquetá), Edilberto Molina Hernández, tuvo que huir tras haberse negado a asistir a los campamentos de las disidencias de las Farc para ‘negociar’. Finalmente, Edison Mora, alcalde de Puerto Guzmán (Putumayo) fue desplazado por denunciar los riesgos electorales del municipio y denunciar la influencia de los grupos armados en la zona.