Por una prensa libre

En el país están prendidas las alarmas en todos los sectores, y la prensa no es la excepción. A medida que el discurso de Petro se ha ido radicalizando, la confusión y el temor por las consecuencias de la constante y agresiva estigmatización crecen al mismo ritmo que la incertidumbre.

La prensa en Colombia está hoy en grave peligro de censura y criminalización, como lo advirtió hace unos días la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP-, cuando expresó preocupación por la manera en que Petro alimenta el discurso de la prensa como antagonista.

De acuerdo con el artículo 20 de la Carta Magna de 1991, la libertad de expresión es un baluarte y elemento fundamental del modelo constitucional de nuestro estado, en la medida en que garantiza el flujo dinámico de información entre el público y contribuye al control social de los gobernantes. En términos de la Corte Constitucional, “Solo una sociedad compuesta de personas libres de expresar quienes son y quienes quieren ser, puede reclamarse como abierta, pluralista y participativa. Por eso, aún las expresiones inútiles, anodinas, impulsivas, carentes de importancia social o inclusive contrarias a las prácticas sociales y a las verdades recibidas, gozan de protección constitucional”. (Sentencia C-650 de 2003)

De otro lado, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluso previo a la promulgación de nuestra Constitución, ha dejado claro el rol esencial que cumple la libertad de expresión y de prensa en las sociedades democráticas; en la Opinión Consultiva de 1985 sobre la “Colegiatura obligatoria de periodistas”, la Corte Interamericana fue tan clara como categórica al afirmar: “El mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse”.

En contraste con el mandato del sistema regional de protección de derechos humanos y la Constitución Política, los ataques constantes y cada vez más violentos y explícitos de Petro hacia los medios de comunicación que tienen la osadía de cuestionar sus reformas, sus decisiones y la corrupción en el círculo cercano de sus aliados políticos, colaboradores y familiares, o hasta las extravagancias de su vicepresidente Francia Márquez, empiezan a generar un entendible pánico entre los comunicadores y medios de comunicación.

La FLIP advirtió que Petro ha publicado en Twitter alrededor de 34 comentarios atacando a por lo menos nueve medios de comunicación; 28 de estos ataques se han dado solo entre el periodo comprendido entre el mes de marzo y el 11 de mayo, lo que representa, uno cada dos días y medio. En mayo el promedio de ataques fue de uno diario, sin contar las alusiones ofensivas en sus tediosos discursos como el del balconazo del 1º de mayo.

Para la FLIP, “Sus mensajes terminan restándoles credibilidad (a los medios); buscando presionar la agenda mediática para que aborde favorablemente su gestión”. Al virulento discurso de Petro contra la prensa que no le es afecta, se suma que su bancada parlamentaria ha promovido sus propias acciones para amordazarla y cooptarla, como con el fallido trámite del proyecto de Ley del Pacto Histórico con el que pretendían “democratizar los medios de comunicación” y el debate en la Plenaria del Senado que promueve Piedad Córdoba al “papel de la prensa en la democracia colombiana”.

En esta época de acoso, estigmatización y censura a los medios de comunicación, vale la pena recordar que el político y el periodista trabajan con una materia común, la opinión pública, y el diálogo entre ambos debe tener por objeto el bien público y la verdad. La obligación de los Estados es garantizar la libertad de prensa y el deber de la prensa es ejercer libremente y con responsabilidad su función.