El jueves 19 de enero, un conjunto de asociaciones médicas de Colombia envió un comunicado a la opinión pública y al Ministerio de Salud, en cabeza de Carolina Corcho, para pedir que sean tenidos en cuenta en las decisiones que se tomarán sobre la próxima reforma a la salud. Curiosamente, una de las entidades que extendió este llamado de atención es la Federación Médica Colombiana (FMC), desde la cual militó Corcho antes de ser designada en su puesto actual por el presidente Gustavo Petro.
La carta está firmada por doce organizaciones, incluidas la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos (Fecolmed), la Asociación Nacional de Profesiones de la Salud (Assosalud), la Federación Odontológica Colombiana, el Colegio Médico de Bogotá, el Colegio Médico de Antioquia, la Asociación Médica Sindical de Colombia y la FMC, de la cual Corcho fue su vicepresidenta.
El gremio aseguró que se ha reunido desde junio de 2021 —antes de las últimas elecciones presidenciales— para construir una propuesta sobre los problemas en el actual sistema de salud que deben superarse. La primera presentación de este trabajo conjunto, dijeron en la carta, tuvo lugar el 3 de diciembre de 2021: hubo consenso en 14 puntos, a los que denominaron Acuerdos Fundamentales para el pleno desarrollo de la Ley Estatutaria en Salud.
Dicho documento fue presentado en mayo a representantes de los entonces candidatos a la Presidencia, en una reunión celebrada en la Academia Nacional de Medicina. Jaime Urrego representó a Petro en ese encuentro y se comprometió a acoger todos los acuerdos contemplados. Hoy ostenta el cargo de viceministro de Salud. El documento también fue entregado a la ministra Corcho.
Ahora, con la misiva, el gremio médico aseguró que no conoce el texto de la reforma que se presentará al Congreso. Sin embargo, destacaron algunos puntos clave, entre ellos:
Cumplir la Estatutaria en Salud 1751 de 2015, la necesidad de contar con el Consejo Nacional y los Consejos Territoriales de Salud, la importancia de que la base del modelo sea la atención primaria en salud, la autonomía para los profesionales de la salud y el fortalecimiento de sus condiciones laborales, la necesidad de disponer del erario sin intermediarios para garantizar el derecho a la salud, en el fortalecimiento de la Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y de la Superintendencia de Salud.
Los gremios también manifestaron que tienen dudas sobre el proyecto actual: cómo este resolverá el déficit de talento humano en salud, cómo se manejarán las Redes Integradas de Servicios de Salud (RIISS), cómo se pagará a los prestadores de servicios de salud, cómo corregirá la ausencia de políticas y recursos para la formación profesional, educación continua y formalización en condiciones de equidad, quién asumirá las funciones que hoy tienen las EPS —en caso de prescindir de ellas—, entre otras circunstancias.
En ese sentido, las agremiaciones ofrecieron su experiencia “para que se logre una reforma a la salud que garantice el goce efectivo de este derecho fundamental para todos los residentes en el país, la utilización transparente de los recursos del sistema y el avance en mejores condiciones laborales para nuestros profesionales y trabajadores del sector”. También dijeron estar a la espera de conocer el texto final de la reforma, “a fin de aportar constructivamente en su análisis, concertación y discusión”.
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