El Grupo de Lima criticó la designación de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En un comunicado, el bloque regional “deplora profundamente” que el régimen de Nicolás Maduro haya sido elegido.
“Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, países miembros del Grupo de Lima, deploran profundamente que el régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, responsable de muy graves violaciones a los derechos humanos, haya sido elegido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el período 2020-2022”, comienza el breve comunicado del Grupo de Lima.
“Nuestros países renuevan su firme decisión de realizar los mayores esfuerzos para que se continúe, en dicho Consejo, la investigación de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, para que los responsables de estos actos criminales no queden impunes”, subrayó.
“Finalmente, reiteran su permanente compromiso de continuar promoviendo, junto con la comunidad internacional, la recuperación de la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”, concluyó.
El régimen chavista logró este jueves un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Costa Rica en las elecciones celebradas en la Asamblea General de Naciones Unidas. El país centroamericano, que había concurrido a los comicios a última hora con el objetivo explícito de impedir que Venezuela se hiciese con un escaño, obtuvo el apoyo de 96 Estados miembros, frente a los 105 que respaldaron a la dictadura venezolana. Brasil, con 153 votos, se llevó la otra plaza disponible para los países de Latinoamérica y el Caribe.
En un momento en que Venezuela vive una grave crisis y el régimen de Nicolás Maduro es rechazado por más de 50 países que reconocen como presidente interino al líder del Parlamento, Juan Guaidó, la entrada del país como candidato había generado resistencia. Pese a eso, fue elegido por mayoría.
En julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que en el último año y medio en Venezuela se produjeron cerca de 7.000 ejecuciones extrajudiciales y que la gran mayoría de esas muertes fueron responsabilidad de las fuerzas de seguridad.
A finales de septiembre, el CDH decidió -mediante una resolución- crear “una misión internacional independiente” encargada de investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, una medida rechazada por responsables del país sudamericano.
En este contexto, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció a principios de octubre que su país concurriría como candidato y explicó que las “graves violaciones” a los derechos humanos relatadas por el informe de Bachelet hacen que Venezuela no sea un nominado “adecuado”. Esta candidatura obtuvo inmediatamente el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que expresó que sería “inadmisible” que Venezuela ocupara el puesto. Sin embargo, no prosperó la presión.
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