Todas las muertes en Juliaca fueron causadas por proyectil de arma de fuego

La necropsia practicada a las 17 víctimas mortales del último lunes en Juliaca (Puno) reveló que un proyectil de arma de fuego (PAF) apagó sus vidas, según el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la criminalidad organizada.

“Tenemos la información de que los 17 civiles murieron por proyectil de arma de fuego (PAF). Dicen que hemos enviado fiscales de Lima para cambiar los protocolos de necropsia. Eso es falso”, dijo este miércoles el fiscal superior a La República y negó la versión de que los decesos se originaron por ondas o armas punzocortantes.

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Las muertes han exacerbado la indignación en Puno y Juliaca, a unos 1.300 km de Lima, cuyos habitantes realizan una huelga desde hace una semana y mantienen el comercio cerrado. Los féretros de color blanco y marrón fueron cargados por sus allegados. Cada uno lucía una fotografía y una bandera peruana cubriéndolo por completo.

“Dina me asesinó con balas”, se leía en el ataúd blanco de Edgar Huaranca, llevado en hombros por seis familiares. En la procesión se multiplicaban escenas de rabia y dolor de personas que empezaban a despedir a sus muertos y prometían seguir la lucha hasta conseguir la renuncia del que consideran ilegítimo gobierno de Boluarte.

La Fiscalía abrió este martes una investigación por presunto delito de genocidio a la presidenta Dina Boluarte, que impuso un toque de queda en Puno para frenar las protestas que dejan 40 muertos en un mes.

La indagación es por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

Los anuncios ocurrieron el mismo día que el gabinete de gobierno que encabeza Alberto Otárola acudió al Congreso por un voto de confianza para él y su equipo, que finalmente fue ratificado.

Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo luego de que intentara cerrar el parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto. Ahora, el exmandatario cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.

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