Siete días han transcurrido desde que el expresidente Pedro Castillo fue detenido en flagrancia porque anunció que disolvería el Congreso de la República. Después de su intento de dar un autogolpe, el expresidente intentó asilarse en la embajada de México, lo que para la Fiscalía indica que el exmandatario busca huir de una posible sanción.
Por este motivo, el Ministerio Público pidió que la prisión preliminar del vacado mandatario, que duró 7 días y venció este miércoles 14 de diciembre, se prolongue a una prisión preventiva de 18 meses. La audiencia para aprobar este requerimiento se pospuso para mañana jueves 15 de diciembre.
Así lo decidió el juez supremo Juan Carlos Checkley luego de que Walter Robles, uno de los abogados penalistas que defiende a Aníbal Torres en este proceso, se lo pidiera porque recién se le notificó la audiencia de prisión preventiva durante la madrugada.
Con la reprogramación de la audiencia, el tiempo de prisión preliminar para Pedro Castillo aumentó a 48 horas. Así lo permite el Código Procesal Penal.
¿Qué sucederá si aprueban prisión preventiva?
En un escenario en el que aprueben la prisión preventiva de 18 meses para el exmandatario, la Fiscalía tendrá este plazo para recabar todas las pruebas del delito que le imputan: rebelión. Es decir, deberán probar que el exmandatario usó las fuerzas del orden para disolver el Congreso.
Hasta la fecha, los indicios que la Fiscalía presentó ante el Poder Judicial para que permanezca tras las rejas mientras lo investigan son lo que todos los peruanos observaron: el mensaje a la Nación con el que ordenó cerrar el Congreso y el intento de fuga a México. Estos indicios no alcanzarían para que condenen a Castillo, según el abogado Robles.
Para esto, la Fiscalía debe probar que hubo mandos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que se levantaron en armas para disolver el Congreso.
Respecto a su patrocinado Aníbal Torres, Robles explicó que la Fiscalía lo denuncia como coautor del delito de hostigamiento para la rebelión.
Para el expremier también piden prisión preventiva porque la Fiscalía presume que si queda en libertad podría influir en que exfuncionarios cambien su versión o destruyan evidencias sobre el autogolpe de Estado que Castillo intentó imponer.
También confirmó que Torres dio su declaración ante la Fiscalía después de asegurar que permanecería en clandestinidad.
Según Robles, los abogados de Castillo y Torres perciben que la Fiscalía y el Poder Judicial mantienen una alianza política que les podría impedir ceñirse al Código Penal para verificar que ambos cometieron los delitos que se les imputan.
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