Violencia, impunidad y olvido: el problema de la trata de personas en Perú

La trata de personas representa una grave violación de los derechos fundamentales de las personas, pero aún no recibe la atención correspondiente de parte de las autoridades. Más de 8 mil peruanas y peruanos fueron víctimas de este delito en los últimos años, según el Ministerio Público. Sin embargo, la mayoría de las denuncias interpuestas por trata de personas han sido archivadas. Pese a los altos índices de violencia que deja esta problemática, el Estado peruano aún no ejecuta protocolos para sobrevivientes de este delito.

En su mayoría, las víctimas de trata de personas son niñas, adolescentes y mujeres. La falta de oportunidades laborales, problemas económicos y el bajo nivel educativo conducen a las jóvenes a aceptar aparentes buenas ofertas laborales en lugares como bares o restaurantes lejos de la ciudad donde residen. Sin embargo, resultan siendo víctimas de violencia sexual, física y psicológica.

De acuerdo al Informe Sobre la Situación y Contexto del Delito de Trata de Personas y la Explotación Sexual, de Promsex, la mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes que buscan ingresos económicos para sustentar sus gastos del hogar o solventar sus estudios. Mayormente, se trata de menores de edad. Uno de los testimonios recaudados por la organización reveló que muchas veces las adolescentes llegan con el objetivo de ocupar en distintos puestos laborales, pero terminan siendo víctimas de violencia sexual.

El estudio también reveló que los altos porcentajes de informalidad y prácticas ilegales en las regiones promueve la explotación sexual y laboral. Por ejemplo, Madre de Dios es una de las regiones con “tasas de incidencia ampliamente superiores a las demás regiones”, según el Ministerio Público, y, a su vez, cuenta con el 90% de su actividad minera de oro informal o ilegal.

En el caso de Piura, cuenta con los índices más altos de informalidad en comparación al resto de regiones, lo que “favorece el funcionamiento de hoteles y bares clandestinos, así como el traslado de las víctimas sin mayor supervisión ni registro en transportes informales”, de acuerdo al informe de Promsex. Esta falta de fiscalización a las actividades económicas de las zonas permite el funcionamiento de presuntos locales comerciales, que en realidad consisten en establecimientos donde se ejerce la explotación sexual de mujeres adultas y menores de edad, víctimas de la trata de personas.

La investigación también informó que muchas de las mujeres y adolescentes que padecieron de este delito no tenían conocimiento de que se encontraban en la calidad de víctimas. Tampoco son conscientes de sus derechos fundamentales. Esta situación es similar para las personas que los rodean, quienes han normalizado la explotación sexual y laboral de las jóvenes que residen en estas instalaciones clandestinas.

El Ministerio Público atendió al menos 8 mil 800 denuncias de trata de personas a nivel nacional. Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP) identificaron que la mayoría de víctimas de trata de personas padece de explotación sexual y laboral, y más del 80% de las víctimas son mujeres.

Durante el período de abril de 2020 hasta junio de 2021, se registraron un total de 244 denuncias por este delito. El Ministerio Público realizó un seguimiento a estos casos para conocer el destino de las personas secuestradas e identificó que la mayoría de las víctimas fueron enviadas a otras provincias, 129 de ellas con fines de explotación sexual y 115 con fines de explotación laboral.

Estos altos índices de violencia no solo reflejan el desarrollo de una problemática social, sino también judicial, pues el informe de la entidad indicó que el 68% de las denuncias interpuestas por este delito entre los años 2018 y 2019 fueron archivadas y solo el 3,2% obtuvieron una sentencia, según el Ministerio Público.

Infobae se comunicó con Aarón Puescas, especialista en trata de personas de la organización PromSex, quien afirmó que se han identificado tres factores pendientes que el Estado debe resolver ante la problemática que representa este delito en el país. Según Puescas, la precariedad laboral conduce a las jóvenes a acceder a novedosas ofertas laborales que son utilizadas como métodos de engaño para captar víctimas.

La ausencia del Estado en esta problemática también es un factor a resolver. Según el experto, el gobierno no participa activamente en la lucha contra la trata de personas y resaltó que una de las evidencias de ello es el bajo presupuesto que se le ha otorgado. También precisó que la falta de presencia de las autoridades en esta situación no es solo a nivel económico, sino que no se comprende aún la gravedad de estos hechos.

“La agenda pública todavía afronta distintas dificultades para poder manejar esta situación, no solamente desde un enfoque de atención a las víctimas, sino también incluso preventivo. De por sí, la atención a víctimas es urgente por la naturaleza d la experiencia que acaban de tener estas las sobrevivientes. Y la cuestión de prevenciones incluso mucho más compleja”, recalcó.

Por otro lado, Puescas también se refirió a la falta de consciencia de esta problemática de parte de los ciudadanos. Según dijo, la normalización de la explotación laboral y sexual en ciertas partes del país impide que las personas que tienen conocimiento de ello puedan denunciar estos actos y las víctimas puedan ser rescatadas.

“Existe una alta incidencia de tolerancia social hacia la trata de personas. En nuestro país todavía existe todavía esta creencia, este mito, de que en realidad no existen las víctimas de trata de personas. Muchas veces se cree que están ahí por su libre elección teniendo otras alternativas. Eso no es más que un mito. En la práctica sabemos que muchas de ellas se encuentran presionadas a pasar por esa situación por las condiciones que la sociedad muchas veces le imponen a este grupo de mujeres”, declaró.

Las autoridades deberían ser las personas encargadas de combatir y perseguir del delito, además de sancionar a los responsables de estas prácticas ilegales. Sin embargo, no siempre es así. Madre de Dios, la región con mayor número de casos de este delito, fue testigo de la detención de un oficial PNP que estaría involucrado en una red criminal de trata de personas enfocada en explotación sexual. Pero no es el único caso de un miembro de la Policía de Perú que formaría parte de una red de trata.

Manuel Morillo ocupaba el puesto de jefe de la División de Investigación Criminal de la XV Macro Región Policial de Madre de Dios. Era uno de los efectivos más reconocidos por luchar contra la trata de personas en la región. Había liderado “exitosos” operativos para erradicar esta problemática que golpeaba a su región, pero su buena reputación duró poco.

Morillo fue detenido en el año 2019 por presuntamente entregar información sobre las operaciones policiales que se realizarían al responsable de la trata de personas de la zona. La investigación en contra del comandante duró diez meses y estuvo a cargo de la fiscalía de Crimen Organizado y del Equipo de Crimen Organizado de la Dirección de Trata de Personas de la Policía. El operativo se realizó en paralelo en cuatro regiones y el objetivo fue la detención de 15 integrantes de la organización criminal dedicada a la trata de personas denominada “Los Brothers”.

El año siguiente, la Fiscalía de Delitos de Trata de Personas de Tacna inició una investigación en contra de 11 efectivos PNP que habrían estado implicados en una red de trata de personas. Uno de ellos fue Santiago Paco Mamani, quien trabajó en la Central de Investigación Criminal. El hombre afirmó que era parte de una red de policías que prostituían a las jóvenes que eran captadas en los establecimientos policiales. Paco Mamani fue detenido por ser el presunto autor de dos feminicidios.

En los últimos ocho años, el Estado peruano ha disminuido considerablemente el presupuesto destinado a la lucha contra este delito. Actualmente se destina solo 0,12 céntimos a cada ciudadano para su protección ante la trata de personas, según un informe desarrollado por CHS Alternativo y la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo al documento, en el año 2015 ya se contaba con un presupuesto mínimo de 14 millones de soles para combatir esta problemática. Para la Defensoría, esta cifra representaba un “exiguo e insuficiente”. No obstante, a raíz de la pandemia, el porcentaje destinado a la trata de personas disminuyó a a 4 millones de soles. Es decir, 0,12 céntimos por cada persona.

Pese a que la situación del COVID-19 en el país se ha regularizado y se ha retornado progresivamente a la “normalidad”, esta cantidad no ha variado. “En términos de practicidad, esto quiere decir que el Estado invierte por persona menos de lo que cuesta actualmente un pan”, señaló la defensora del pueblo, Eliana Revollar Añaños.

En el informe, la Defensoría del Pueblo también consideró el continuo cambio de funcionarios públicos como uno de los factores que impide la erradicación de la trata de personas en Perú. Además, resaltó que esta situación, sumada a la pandemia, la reducción del presupuesto y la crisis política impiden que el Estado le brinde la protección correspondiente a las víctimas de este delito.

Para denunciar un caso de trata de personas puede contactarse con la Línea 1818 del Ministerio del Interior o con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También puede acceder al canal de ayuda de la Defensoría del Pueblo 0800-15170.

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