Camila era una niña de 13 años que vivía en una zona rural, junto a su madre con discapacidad severa y su padre, quien la violó durante varios años, por lo que la menor quedó embarazada. A ella, como a las más de mil niñas de 10 a 14 años que anualmente se convierten en madres forzosamente en el Perú no le permitieron acceder al aborto terapéutico, pues en nuestro país la interrupción voluntaria del embarazo por causales de violación sexual aún no está normado.
Su caso trascendió las fronteras y llegó hasta la Comisión de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a fin de que el Estado responda pues la menor abortó de forma espontánea y fue denunciada por el “delito” de autoaborto.
Pues bien, según información publicada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el Perú cada 24 horas al menos cuatro niñas de entre 10 y 14 años son forzadas a ser madres tras ser víctimas de violaciones sexuales. Es decir, aproximadamente 1300 niñas cada año, desde al menos el 2017. Además, tras sistematizar información del Certificado del Nacido Vivo del Ministerio de Salud (Minsa) la institución advierte que entre el 2020 y el 2021 la tasa se incrementó en 24%.
“La maternidad resultante de un abuso sexual es una maternidad forzada y como tal debería de existir en la norma jurídica el entendimiento de que tiene consecuencias obstétricas porque el cuerpo de la niña no se ha desarrollado y puede derivarse una muerte materna por una complicación y que también hay perjuicios de su salud mental por las circunstancias en la que se llevó la concepción. Por lo tanto, debería de ser parte del protocolo del aborto terapéutico”, explica Hugo González, representante de UNFPA en Perú.
El experto también señaló que el Perú ha recibido la recomendación del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (Cedaw) para que Perú incluya los embarazos por violación en el marco normativo del terapéutico.
“Hacer que una niña, adolescente o mujer tengan una maternidad forzada a raíz de un abuso sexual puede constituir un trato cruel, degradante e inhumano”, añadió.
Criminalización y juicio a las víctimas
Aunque en el Perú la legislación sí establece la posibilidad de que las mujeres (o niñas) accedan al aborto terapéutico cuando sus vidas se hallan en peligro; finalmente, la decisión médica está sujeta a las interpretaciones de la junta de profesionales de la salud que evalúan estos casos, por lo que no todas logran interrumpir sus embarazos antes de las12 semanas establecidas por ley.
De acuerdo al recientemente publicado estudio Nacer con útero: Efectos de la criminalización del aborto en Perú, 55 mujeres fueron denunciadas ante la Policía Nacional, en el lapso del 2016 al 2021, pese a que se trata de aborto no punible en términos legales, según el propio Código Penal peruano. Por todo tipo de aborto se registraron 1517 denuncias a nivel nacional.
Las principales víctimas son niñas y adolescentes
Cada dos horas, al menos un menor de edad es víctima de violación en el Perú. Es decir, 16 niños, niñas y adolescentes diariamente, de acuerdo a los datos oficiales de la Policía Nacional. De este grupo, el 94% se tratan de víctimas mujeres. Este dato es importante, ya que al menos un caso de cada 10 termina en embarazo, según señala Susana Chávez, directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).
“El embarazo no deseado en el caso de niñas y adolescentes que fueron víctimas de abuso es forma de tortura, detrás del acto de obligar a una niña a ser madre hay tortura. Lamentablemente en los centros de salud se está obligando a continuar el embarazo a estas niñas menores de 15 años a pesar de ser considerados de alto riesgo, en el que una de las posibilidades que estas niñas deberian tener es justamente el aborto terapéutico”, señala Chávez.
La especialista también advirtió que en la mayoría de casos de menores de 15 años embarazadas, los profesionales de la salud las derivan a hospitales altamente especializados, cuando el procedimiento podría efectuarse en centros de salud de primer nivel, siempre y cuando se atiendan de forma temprana. Sin embargo, debido a los aplazamientos el plazo de ley muchas veces es sobrepasado, por lo que el derecho de las niñas se ve vulnerado.
Por su parte, el ginecobstetra y vicedecano del Colegio Médico del Perú, Alfredo Celis, advierte que además de la afectación física que pone en riesgo la salud y la vida de las niñas obligadas a ser madres también se debe considerar los riesgos de que las menores desarrollen ansiedad y depresión que las pueden llevar a tentativas de suicidio, debido al doble trauma de la violación y la maternidad forzada.
Precisamente, dentro las 11 condiciones de acceso al aborto terapéutico, según el protocolo oficial, incluye a “cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente”, en el cual puede ingresar la afectación a la salud mental que conlleva a las niñas al ser obligadas a maternar.
“Visto desde esa área (la salud mental), que es un poco sujeta a la interpretación porque muchos dicen ‘no todas las víctimas que son violadas y salen embarazadas se suicidan’ hay por ahí una rendija de salida para que pudiese aplicarse el aborto terapéutico, ya que este no tiene dentro de sus requisitos el aborto por violación”, especifica Celis sobre las trabas que viven las niñas y adolescentes.
Aún así, pese a las evidencias del daño físico y emocional de las víctimas, los tratados en materia de derechos de la niñez y el de las mujeres al que está suscrito Perú, el Congreso de la República, actualmente, promueve tres iniciativas legislativas que ponen en riesgo el acceso al aborto terapéutico, un derecho conquistado en el país desde 1924 y que pondría en más peligro del que ya viven a las niñas.
Las iniciativas legislativas de Rosangella Barbarán, Alejandro Muñante y Milagros Aguayo buscan que todos los embarazos concluyan y optan por defender al concebido o “niño por nacer”, como convenientemente llaman al cigoto. Se olvidan de las necesidades y derechos de las mujeres y niñas.
“Es muy lamentable porque no tan solo expresan un gran desconocimiento, indiferencia, falta de empatía con las víctimas de violencia sino también expresa lo que hay de fondo que es una agenda política. Estas no son decisiones basadas en evidencias sino mas bien política de grupos vinculados a grupos religiosos, alejado de las necesidades de salud pública”, sentencia Susana Chávez.
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