Los Chavelos, la organización criminal liderada por los hermanos Sánchez Sotelo señalados como azuzadores de paros en las Bambas

Detrás de las protestas de los comuneros contra la minera MMG Las Bambas habría estado, según la tesis de la Fiscalía, la organización criminal ‘Los Chavelos’, integrada por los hermanos Jorge Martín y Frank Aníbal Chávez Sotelo y funcionarios del Poder Judicial de Abancay, quienes habrían beneficiado ilícitamente a la comunidad campesina de Huancuire en procesos legales seguidos contra el Estado y la empresa minera.

Los hermanos Jorge Martín y Frank Aníbal Chávez Sotelo salieron del anonimato en marzo de 2019, cuando fueron detenidos por la Policía junto al presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas Paniura.

Aquella vez, unos audios difundidos por la prensa mostraron que habrían estado cumpliendo el papel de azuzadores del conflicto social en torno a mina Las Bambas con el propósito de cobrar una suma millonaria a la empresa.

Los hermanos Chávez Sotelo fueron convocados en enero del 2018 por el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, y protestas de los comuneros contra la minera MMG se endurecieron.

Los Chávez Sotelo son abogados de profesión. Su trabajo consistía en prestar servicios de asesoría legal en la zona de influencia del proyecto Las Bambas, en Apurímac, en donde aprovechaban la coyuntura de enfrentamiento social.

De acuerdo al testimonio de un testigo protegido dado a conocer por un informe periodístico de América Noticias en 2019, la comunidad de Fuerabamba acordó pagarles S/ 5,000 mensuales por sus servicios, pero ellos rechazaron la suma y pidieron el 30% del monto que lograran sacarle a la minera.

Los abogados pretendían exigir en un primer momento la suma de S/ 500 millones de soles, pero luego disminuyeron ese monto.

“Los asesores por medio de llamadas telefónicas ordenan a los dirigentes para que sigan bloqueando las vías, también instigan a que haya enfrentamientos con la policía, que los provoquen y que haya muertos”, manifestó entonces el testigo protegido.

La madrugada del último lunes, la fiscalía especializada contra la Criminalidad Organizada montó un megaoperativo simultáneo en Cusco y Apurímac para detener a funcionarios judiciales, dirigentes de la comunidad de Huancuire y otros presuntos integrantes de la organización criminal ´Los Chavelos´.

La intervención fue autorizada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Apurímac, sin embargo, no se aceptó la detención preliminar para los implicados.

En el megaoperativo se allanaron ocho inmuebles pertenecientes a los hermanos Chávez Sotelo, así como a diversos secretarios, especialistas legales y asistentes judiciales del Poder Judicial de Abancay. En tanto, en la ciudad del Cusco, en el distrito de San Sebastián, fue allanada la vivienda del exdirigente de la comunidad campesina de Huancuire, Javier Ochoa Núñez.

Segun la tesis de la Fiscalía, los malos funcionarios del Poder Judicial de Abancay captados por los hermanos Chávez Sotelo actuaban como el brazo legal de la organización y, a cambio de dinero, declaraban fundados los recursos legales que estos presentaban en su condición de abogados de la comunidad campesina de Huancuire. Esto pese a que se basaban en sustentos fraudulentos y contrarios a ley.

Como se recuerda, los hermanos Chávez Sotelo ya estuvieron en prisión el año 2019 por promover prácticas extorsivas, así como violencia, el bloqueo del corredor minero y enfrentamientos con la Policía; mientras fungían como “asesores legales” de las comunidades campesinas ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.

A estos sujetos que presuntamente coordinaban con los operadores judiciales el favorecimiento en sus procesos, se les imputa los delitos de organización criminal, corrupción de funcionarios-corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales y cohecho activo especifico.

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