Poder Judicial archiva acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por caso Gasoducto Sur Peruano

El Poder Judicial archivó la acusación fiscal por asociación ilícita contra Ollanta Humala, Nadine Heredia y cuatro exministros en el caso Gasoducto Sur Peruano, una decisión que además ordena levantar las medidas cautelares personales dictadas por ese cargo y que reconfigura el proceso penal mientras sigue en discusión la acusación por colusión agravada y una eventual reparación civil.

La fiscal Geovana Morí, exintegrante del Equipo Especial para los casos Odebrecht y Lava Jato, había pedido 35 años de prisión para Humala y Heredia por asociación ilícita y colusión agravada. Para otras 21 personas, entre ellas los exministros Luis Miguel Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes, así como el exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Simoes Barata, solicitó penas de entre nueve y 35 años.

Según RPP, la medida fue adoptada por el juez Leodan Cristóbal Ayala después de declarar fundada una excepción de improcedencia de acción presentada el 19 de septiembre de 2025 por la defensa de Castilla. El pedido buscaba el sobreseimiento de ese delito al sostener una atipicidad relativa por ausencia del elemento normativo referido a un delito fin sancionado con pena privativa de libertad mayor a seis años.

El magistrado extendió los efectos de esa decisión a favor del expresidente, de su esposa y de los demás exministros comprendidos en el proceso. La resolución, emitida el 3 de julio y citada por el medio, ordena que también se archive para ellos el extremo penal referido a asociación ilícita.

El medio radial indicó que Cristóbal Ayala aplicó la Ley N.º 32108, que establece que los delitos fin en organización criminal deben tener una pena abstracta mínima superior a seis años de prisión. El juez sostuvo que esa norma alcanza incluso a hechos anteriores a su vigencia por el principio de favorabilidad en materia penal y por la retroactividad benigna.

El magistrado concluyó que el delito fin vinculado a la presunta asociación ilícita era la colusión agravada. Determinó que la pena mínima prevista en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal es de seis años, de modo que no supera el umbral exigido por el artículo 317 del mismo código para sostener ese cargo bajo la ley intermedia más favorable.

Esa evaluación llevó al juez a considerar fundada la excepción promovida por la defensa de Castilla. El razonamiento judicial parte de que la vinculación con una supuesta organización criminal se sostenía únicamente en el delito de colusión agravada como único delito fin.

La resolución también dispone el levantamiento de todas las medidas cautelares de carácter personal impuestas a los investigados por su exclusión del proceso en ese extremo penal. Esa consecuencia alcanza a Humala, Heredia, Castilla, Mayorga, Cornejo y Paredes.

Humala y Heredia siguen vinculados al caso

El archivo de la acusación por asociación ilícita no los excluye por completo del proceso. El juez dispuso que continúen vinculados respecto del objeto civil, es decir, para determinar el pago de una eventual reparación civil por los daños y perjuicios derivados del presunto delito en agravio del Estado.

Para sostener ese criterio, el magistrado invocó el artículo 12.3 del Código Procesal Penal y la doctrina legal fijada en el Acuerdo Plenario N.º 4-2019. La permanencia en el proceso, por tanto, se limita en ese punto a las consecuencias civiles que puedan derivarse del caso.

La audiencia de control de la acusación fiscal por el caso Gasoducto Sur Peruano fue reprogramada para el lunes 6 de julio a las 9:00 hora local. En esa sesión, el juez evaluará las solicitudes de excepción de improcedencia de acción presentadas por los implicados para que también se archive el delito de colusión agravada que les atribuye el Ministerio Público.

La condena previa por lavado de activos

Ollanta Humala y Nadine Heredia ya tienen otra condena penal. El 15 de abril de 2025, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional les impuso 15 años de prisión al hallarlos responsables de lavado de activos por los presuntos aportes ilegales para financiar las campañas presidenciales del exmandatario en 2006 y 2011.

El expresidente cumple esa condena en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate. Heredia se encuentra en Brasil, después de que el gobierno de ese país le otorgara asilo.