Este jueves 23 de junio se llevó a cabo la audiencia final sobre el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía para la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. En la lectura de la resolución judicial, el Poder Judicial declaró infundado el recurso de casación presentado, que pedía dejar sin efecto la resolución judicial que anuló el mandato de prisión preventiva de 15 meses a Fujimori, por el caso de los aportes a sus campañas presidenciales en los años 2011 y 2016.
La sala recordó que el plazo para entregar una apelación al pedido de prisión preventiva es de 3 días. Pero, tras la revisión de la documentación existente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolvió que la defensa sí presentó el recurso de apelación en el plazo de ley.
De esa forma, declararon infundado el recurso de casación presentado por el Ministerio Público y resolvieron no anular la resolución judicial de 2020.
“En el caso de análisis, se observa que la resolución de prisión preventiva fue dictada oralmente. La defensa de la incausada Fujimori Higuchi apeló de la decisión (de prisión prevenitva) al culminar la audiencia y se le entregó el video que perennizó la misma, como dicha parte ha reconocido en la audiencia de casación. Sin embargo, en dicho momento no se la entrego en ninguno de los documentos precisados en el fundamento 21° de la presente ejecutore. Por lo que, acorde con la línea jurisprudencia de este Tribunal Supremo, en el sentido que el plazo de 3 días para impugnar el acto de prisión preventiva debe ser contabilizado a partir de la recepción de los documentos en mención; se colige, entonces, que la interpretación del recurso fue oralizada en el plazo de ley. En consecuencia, no se configura la causal de casación juego realizado invocada por el representante del Ministerio Público″, fue el argumento de la sala.
Esto quiere decir que la excandidata presidencial seguirá el proceso en su contra en libertad, como lo ha venido haciendo en los últimos meses. Desde mayo de 2020 enfrentaba el proceso en comparecencia restringida.
A las 8:15 a.m. inició la sesión y se llevó a cabo la lectura de la resolución judicial del Tribunal supremo, conformado por los jueces: María del Carmen Altabás Kajatt (directora de debates), Iván Sequeiros Vargas, Erazmo Coaguila Chávez, Norma Beatriz Carbajal Chávez y Hugo Núñez Julca.
La lideresa fujimorista también enfrenta una acusación penal y un pedido de 30 años de cárcel por lavado de activos y otros delitos, por presuntamente haber recibido aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial de 2011 y aportes de empresarios peruanos para sus campañas de 2011 y 2016.
ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA
En el año 2020, el juez Víctor Zúñiga ordenó anular la prisión preventiva por 15 meses contra Keiko Fujimori. Este fallo judicial, materia de la actual casación, permitió que la lideresa fujimorista salga de prisión, con restricciones, el 4 de mayo del 2020, habiendo cumplido solo tres meses y seis días en prisión preventiva.
Pero, el Equipo Especial para los casos Odebrecht y Lava Jato, específicamente el fiscal superior Rafael Vela Barba, presentó un recurso para anular la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. Argumentaron que la apelación de Fujimori se presentó fuera del plazo.
Señalan que el plazo de tres días para impugnar un mandato de prisión preventiva vencía el 31 de enero de 2020, pero la abogada de la política peruana, Giulliana Loza, lo hizo recién el 3 de febrero. En ese sentido, afirman que dicho recurso no debió ser admitido.
ACUSACIONES CONTRA FUJIMORI
Como se sabe, el partido Fuerza Popular organizaba los denominados ‘cocteles’ con el objetivo de recaudar dinero a fin de solventar los gastos de la campaña presidencial de Keiko Fujimori.
En el 2016, el partido organizó seis de estas actividades y recolectó 4 millones 606 mil 218 soles. La Fiscalía señala que el partido fujimorista solo pudo justificar 33% de todo el dinero recolectado.
En febrero de 2018, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, declaró que la empresa brasileña le había entregado US$1,2 millones al partido de Fujimori para la campaña presidencial de 2011. Luego, varios empresarios peruanos también confesaron haber entregado dinero por un total de al menos US$14 millones para las campañas de 2011 y 2016.
Fujimori ha negado recibir aportes de la empresa Odebrecht, pero sí aceptó los aportes de empresarios peruanos, los cuales no declaró ante los organismos correspondientes porque, según dijo, se le pidió mantenerlos en reserva.
Por esta razón, la Fiscalía acusa a Keiko Fujimori de liderar una organización criminal y por lo que ha solicitado 30 años y 10 meses de prisión.
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