Abogado de Pedro Castillo recurrirá al Tribunal Constitucional si no anulan investigación fiscal

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) si el juzgado supremo de investigación preparatoria rechaza la tutela de derechos que presentó para dejar sin efecto la investigación fiscal en contra del mandatario, por el caso Puente Tarata.

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El abogado del mandatario, además, dijo que no está definido si acudirán o no a la citación del Ministerio Público para el lunes 13 de junio a las 10:00 a.m.

“Estamos en evaluación, una opción es la reprogramación, otra es ir a la declaración, es un medio de defensa, son opciones que se barajan, no hemos tomado la decisión”, afirmó en Exitosa.

La tutela de derechos presentada por Castillo Terrones se sustenta en que la Fiscalía no puede investigar al presidente de la República, según el artículo 117 de la Constitución de la República.

Se recuerda que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió incluir al mandatario en la investigación contra Juan Sila, exministro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y los seis congresistas de Acción Popular indicados como ‘Los Niños’. Sin embargo, el mismo Ministerio Público rechazó anular la investigación, por lo que la defensa del jefe de Estado recurrió ayer al juzgado supremo de investigación preparatoria, que dirige el magistrado Juan Carlos Checkley Soria.

“En el juzgado supremo, se discutirá los alcances del artículo 117 de la Constitución. Nosotros sostenemos que la acusación se extiende a la investigación y, por tanto, no se puede investigar al mandatario”, señaló el abogado del mandatario.

En caso el juzgado ratifique la decisión de la Fiscalía, la defensa de Castillo puede apelar e insistir ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.

MINISTERIO PÚBLICO RECHAZÓ PEDIDO PARA ANULAR INVESTIGACIÓN

El pasado 29 de mayo, el fiscal de la Nación incluyó al presidente Pedro Castillo en la investigación preliminar por el caso Puente Tarata. El lunes 3 de junio, Sánchez Velarde rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa legal del mandatario. Así que el caso sigue en curso.

El Ministerio Público se basó en que la imputación inicial recae sobre el presidente de la República como presunto líder de una organización criminal y, desde una posición de poder, podría afectar a los testigos y/o coinvestigados del caso.

Esta es la primera vez que el Ministerio Público decide investigar a un presidente en funciones por presuntos hechos ilícitos durante su gestión. En anteriores gestiones, siempre se decidió aplazar las investigaciones, amparándose en el artículo 117 de la Constitución. Este señala que a un mandatario no se le puede acusar, salvo que sea por cuatro delitos específicos.

Estos son: traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolución del Congreso (salvo durante el último año de su mandato ni en estado de sitio); o impedir la reunión o funcionamiento del Parlamento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

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