Ministro de Justicia ordena la salida del director del penal de Barbadillo tras contratación de su hija en el Congreso

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, dispuso la rotación inmediata del director del establecimiento penitenciario de Barbadillo, recinto donde permanece recluido el expresidente Pedro Castillo. El funcionario, identificado como Calixto Lucero, será reemplazado en el transcurso de esta semana por un militar en retiro con experiencia en seguridad e inteligencia, según confirmó el ministro en declaraciones a RPP.

La decisión se produce luego de conocerse que la hija de Lucero habría sido contratada en el despacho de una congresista de Juntos por el Perú, agrupación política vinculada al expresidente. “Hemos dispuesto la rotación del director del penal. El coronel Alejandro Lescano, jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ha recibido la instrucción de ubicar a un militar en retiro experto en seguridad e inteligencia. Será esta semana”, aseveró Álvarez, según consignó Andina Noticias.

Contratación de su hija motivó su salida

El ministro precisó que la medida responde directamente al hallazgo de ese vínculo laboral entre la hija del funcionario y el entorno parlamentario del partido al que pertenece Castillo. Según explicó, Lucero no había presentado su declaración jurada de intereses, documento que permite transparentar las relaciones de un funcionario público con terceros y que, en este caso, habría impedido conocer con anticipación el nexo familiar.

Pese a la salida inmediata del cargo, el ministro aclaró que Lucero, por su condición de funcionario de carrera dentro del sistema penitenciario, deberá afrontar un procedimiento administrativo interno. Ese proceso se desarrollará de manera independiente al relevo, que ya fue ordenado al jefe del INPE para su ejecución esta semana.

Decretos legislativos contra la extorsión y el sicariato

En la misma entrevista, Álvarez informó que el Poder Ejecutivo aprobó dos decretos legislativos, al amparo de las facultades delegadas por el Congreso, orientados a fortalecer la lucha contra la extorsión, el secuestro y el sicariato. Las normas amplían el concepto de complicidad en estos delitos.

De acuerdo con el ministro, quienes faciliten cuentas bancarias, retiren dinero producto de actividades ilícitas o colaboren en el lavado de activos serán considerados cómplices de los delitos de sicariato, extorsión y secuestro. “Tienen que tener penas bastante altas porque sin ellos no es posible que la banda siga operando”, afirmó Álvarez, en referencia a quienes hoy reciben sanciones menores por su participación en estas estructuras criminales.

El ministro añadió que las nuevas disposiciones también alcanzan a quienes obtengan de manera indebida información de bancos o entidades financieras con el fin de identificar la situación económica de posibles víctimas. Esta conducta, precisó, será igualmente tipificada como complicidad en los delitos de extorsión, sicariato y secuestro, en un esfuerzo por cerrar los espacios que hoy permiten a las organizaciones criminales seleccionar y rastrear a sus objetivos.