Defensoría del Pueblo señaló que castración química para violadores de menores es “ineficiente”

La abogada de la entidad recalcó que implementar esta pena no solo no garantiza la reducción de delitos, sino que podría traer consecuencias legales para el Perú.

La abogada de la Defensoría del Pueblo señaló que no hay evidencia de que la castración química reduzca los crímenes. | Foto: Composición
La abogada de la Defensoría del Pueblo señaló que no hay evidencia de que la castración química reduzca los crímenes. | Foto: Composición

La abogada adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña, señaló que la institución considera que la castración química para violadores de menores de edad, propuesta por el Poder Ejecutivo, es “ineficiente”.

“Es una medida ineficiente como método preventivo contra los delitos contra la libertad sexual. Ya tenemos las máximas penas en el Perú (…) Tenemos cadena perpetua como pena. ¿Esto ha disuadido a los agresores? ¿Esto ha ayudado a reducir la violencia hacia la niñez y la adolescencia?”, declaró en RPP Noticias.

Señaló que “no existe evidencia” de que este método pueda contribuir a la reducción del abuso de niños, niñas y adolescentes. Además, recalcó que su implementación podría traer consecuencias legales para el país.

“Concentrarnos en el debate penal sobre la castración química (…) además, va a traer consecuencias legales al Perú por contravenir los tratados internacionales de derechos humanos en los cuales se ha comprometido a cumplir ciertas obligaciones. La castración química es una desviación de la pena que hasta ahora ha resultado ineficiente”, explicó.

Según un comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Grupo de Trabajo contra la Tortura de la CNDDHH en 2018, la castración química “viola el derecho fundamental de dignidad de la persona y el principio constitucional de rehabilitación y reinserción social del reo”.

Además, se indicó que contraviene tratados internacionales como la Convención Americana y la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, los cuales “que prohíben el uso de penas crueles, inhumanos o degradantes contra la persona” - considerando que en la mayoría de países donde fue aplicado, era voluntario.

Matilde Cobeña, abogada adjunta de la Defensoría del Pueblo, está en desacuerdo con la castración química propuesta por el gobierno peruano. Foto: IDEHPUCP
Matilde Cobeña, abogada adjunta de la Defensoría del Pueblo, está en desacuerdo con la castración química propuesta por el gobierno peruano. Foto: IDEHPUCP

DISCUTIR EL TEMA ES “INNECESARIO”

La abogada de la Defensoría del Pueblo también consideró que continuar debatiendo acerca de penas como la castración química para condenados por violación resulta “cíclico e innecesario”, ya que se está poniendo todo el enfoque de la justicia en el agresor y no en las víctimas

“Estamos concentrando el debate solamente en una sanción al agresor. Pero el agresor, si tiene cadena perpetua, no va a salir nunca más del país. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos concentrarnos en ellos o queremos que no haya ni una niña violada en el país? No queremos que ningún ser humano pueda pasar por este terrible hecho que causa daños irreparables e irreversibles en su vida”, dijo.

En cambio, Cobeña considera que las autoridades deberían “concentrarse” en implementar medidas de prevención, las cuales sí contribuirían a la reducción de estos delitos.

“Debemos concentrarnos en adoptar medidas para prevenir la violencia. Lo que pasa, por ejemplo, por implementar la Educación Sexual Integral (ESI), lo que pasa por tener una educación con enfoque de género, donde (…) todas aquellas personas que van a una escuela o un niño que va a la educación inicial, o los niños en sus propias casas, sepan que nadie los puede violentar (…) Hay que dar las herramientas adecuadas de educación para que ningún niño, ninguna niña pueda ser violentado”, señaló.

El presidente Pedro Castillo y la ministra Diana Miloslavich cuando llegaron a Chiclayo para conversar con los padres de la menor abusada. Foto: Andina
El presidente Pedro Castillo y la ministra Diana Miloslavich cuando llegaron a Chiclayo para conversar con los padres de la menor abusada. Foto: Andina

INSTITUCIONES PÚBLICAS NO ATIENDEN EFICIENTEMENTE CASOS DE VIOLENCIA A NIÑOS

Cobeña también precisó que la Defensoría del Pueblo ha detectado que algunas instituciones públicas no estarían atendiendo eficientemente estos casos de violencia a menores de edad. Sobre ello, ya realizaron los informes correspondientes y están a la espera de que el Ejecutivo actúe.

“Por ejemplo, (…) hemos descubierto problemas en el sistema de justicia. En el caso de la Policía que no reciben la denuncia inmediatamente (…) o que la Fiscalía no ha dictado las medidas coercitivas que corresponden. Vemos que el juez no ha dictado las medidas de protección que corresponden para una víctima. Hemos encontrado casos en plena pandemia (…) Hemos tenido agresores conviviendo con las víctimas”, contó.

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