“Derrame de petróleo de Repsol es el peor desastre ecológico ocurrido en Lima”, afirma la Cancillería

Ministerio de Relaciones Exteriores instó a la compañía a resarcir el daño de manera inmediata, pues este desastre ha puesto en peligro la flora y fauna de dos áreas naturales protegidas.

Un trabajador camina tras un derrame de petróleo causado por olas anormales, provocadas por una erupción volcánica submarina masiva a medio mundo de distancia en Tonga, en la playa peruana de Ventanilla, Perú, 18 de enero de 2022. REUTERS/Pilar Olivares
Un trabajador camina tras un derrame de petróleo causado por olas anormales, provocadas por una erupción volcánica submarina masiva a medio mundo de distancia en Tonga, en la playa peruana de Ventanilla, Perú, 18 de enero de 2022. REUTERS/Pilar Olivares

El ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que el derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla es el peor desastre ecológico de los últimos tiempos en Lima, y la empresa debe resarcir el daño de manera inmediata, ya que este desastre ecológico ha puesto en peligro la flora y fauna de dos áreas naturales protegidas. La empresa podría recibir una millonaria multa que superaría los US$ 33 millones.

“El derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla, es el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos, y ha ocasionado un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores.  Repsol debe resarcir este daño de manera inmediata”, señaló la Cancillería a través de su cuenta en Twitter.

Además, advirtió que el desastre ecológico ha puesto en peligro la flora y fauna de dos áreas naturales protegidas.

“Esta terrible situación ha puesto en peligro la flora y fauna en dos áreas naturales protegidas a más de 18,000 kilómetros cuadrados como la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores y la Zona Reservada Ancón”, indicó.

MILLONARIA MULTA

Este derrame de, al menos 6 mil barriles de crudo en el mar, fue registrado el último 15 de enero tras la erupción de un volcán submarino en Tonga, Oceanía.

El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, tras reunirse con representantes de Repsol, señaló que la Refinería La Pampilla podrían ser sancionada con una multa de hasta 30,000 UIT, equivalente a 138 millones de soles.

“El derrame ha sido de aproximadamente 6 mil barriles de petróleo” informó Ramírez, tras una reunión con representantes de Repsol, añadiendo que “hemos exhortado a la empresa a que cumpla con el procedimiento de contingencia y lo haga a la brevedad posible”.

Por su parte, el ente regulador de la Energía y Minería (Osinergmin) anunció la suspensión de las operaciones en el terminal multiboyas nº2 de la Refinería La Pampilla, “hasta que se determine las causas que originaron el derrame”.

Mientras que la presidenta del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del ministerio del Ambiente peruano, Miriam Alegría, manifestó que “el daño es bastante grave porque estamos también hablando de áreas protegidas que están siendo afectadas”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa, por medio de la Marina de Guerra del Perú y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, despliega una serie de acciones para hacer frente al derrame de hidrocarburos en el Terminal Portuario La Pampilla, en el Callao.

FISCALÍA INVESTIGA

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Noroeste abrió una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental contra los representantes legales, funcionarios de la Refinería La Pampilla S. A., y los que resulten responsables por el derrame de petróleo que se dio el último fin de semana en el distrito de Ventanilla.

A través de un comunicado, la entidad se pronunció detallando que el fiscal Ariel Tapia Gómez ya había constatado que este derrame afectó, además de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón (Lima). Este hecho trajo como consecuencia la contaminación marítima y la muerte de especies hidrobiológicas y aves de Ancón.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste se encuentra realizando las diligencias con el apoyo de agentes de la Policía Ecológica, representantes de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y técnicos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

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