Aníbal Torres al Congreso: Su fin es vacar al presidente

El ministro de Justicia se refirió sobre la ley de cuestión de confianza que aprobó por insistencia el parlamento.

Aníbal Torres, ministro de Justicia. Foto: Agencia Andina.
Aníbal Torres, ministro de Justicia. Foto: Agencia Andina.

Luego que el Congreso de la República aprobara la ley de interpretación auténtica para regular la cuestión de confianza, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, brindó su lectura del panorama: intentan vacar al presidente Pedro Castillo.

Su perspectiva la dio al ser consultado sobre qué pasaría si el Tribunal Constitucional (TC) emite una resolución rechazando la demanda de inconstitucionalidad que será presentada por el Ejecutivo.

Ante ello, Torres precisó que no habría más que hacer ante un poder Legislativo “autoritario”, cuyo único fin es destituir al mandatario de su cargo.

“Frente a esa situación (de negativa del TC) no hay ninguna posibilidad, no hay nada que hacer. Nos quedamos con que tenemos un Congreso que es autoritario, que es arbitrario y que en cualquier momento va a cumplir con su fin, porque el fin de esta ley que ha dado el Congreso es vacar al presidente”, argumentó a RPP.

Sin embargo, el titular de la cartera de Justicia se mostró confiado en que el TC falle a favor del Estado, debido a que ya se ha pronunciado acerca de la cuestión de confianza.

“El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado al respecto en otro caso, en otra sentencia (en la que) encuentran que la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución, de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera”, manifestó.

DEMANDA CONTRA LEY DE CUSTIÓN DE CONFIANZA

En horas de la mañana, el Poder Ejecutivo presentó esta mañana ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31355, que interpreta la cuestión de confianza regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política, aprobada por insistencia por el Congreso de la República.

Previamente, el procurador del Ministerio de Justicia, Luis Huerta, indicó que el recurso que se presentó ante el TC se sustenta en tres criterios. El primero, que la norma contraviene el balance de poderes entre ejecutivo y legislativo, tal como lo había mencionado el ministro Aníbal Torres.

El segundo, que contradice la propia jurisprudencia del TC y, tercero, se argumenta que contraviene lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en una opinión consultiva, desarrolla la importancia de la democracia y establece la necesidad de vincularla con el balance de poderes y los derechos humanos.

Entre los pedidos de la demanda se encuentra el pedido al TC un control de convencionalidad, que no solo evalúe la ley aprobada bajo la Constitución o la jurisprudencia, sino también bajo lo resuelto por la Corte Interamericana.

La constitucionalista María Antonieta Gonzales explicó a La República que la Carta Magna al tener un sistema semipresidencialista trató de darle mayores herramientas al Ejecutivo, pero para que no exista un poder sobre el otro se desarrollan ciertos balances.

“Aquí la cuestión de confianza es la cara de una misma moneda que es la censura. Así como el Ejecutivo tiene la potestad de presentar la cuestión de confianza, el Congreso tiene la potestad de censurarlo. No se puede modificar uno sin el otro, de lo contrario se está dando mayor fuerza a un poder sobre el otro”, precisó.

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