Israel anunció la suspensión de más de dos docenas de ONG en Gaza por nuevas exigencias de control al personal

Israel anunció este martes que suspenderá a más de dos docenas de organizaciones humanitarias internacionales que operan en la Franja de Gaza por no cumplir con un nuevo marco regulatorio que exige mayor información sobre su personal, financiación y operaciones. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y de Lucha contra el Antisemitismo y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero.

Según el ministerio, unas 25 organizaciones —alrededor del 15% de las ONG internacionales activas en Gaza— no renovaron sus permisos tras negarse a cumplir con los nuevos requisitos. Entre las afectadas figuran Médicos Sin Fronteras (MSF), el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), CARE International, el Comité Internacional de Rescate, así como divisiones de Oxfam y Caritas, de acuerdo con una lista difundida por las autoridades israelíes.

El Gobierno israelí acusa a MSF de no haber aclarado el rol de algunos de sus empleados palestinos a los que vincula con Hamas y otros grupos armados. En comunicados anteriores, Israel afirmó haber identificado en 2024 a dos trabajadores de la organización con supuestos vínculos con la Yihad Islámica Palestina y con Hamas. MSF ha rechazado reiteradamente estas acusaciones y ha sostenido que “nunca emplearía conscientemente a personas involucradas en actividades militares”.

El ministerio señaló que las organizaciones afectadas fueron notificadas con antelación y tuvieron un plazo de hasta diez meses para presentar la información solicitada. Aun así, afirmó, no cumplieron con los requisitos de transparencia y seguridad. De no revertirse la situación, las licencias serán revocadas el 1 de enero y las organizaciones con sede en Israel o Jerusalén Este deberán cerrar sus oficinas y abandonar el país antes del 1 de marzo.

Las ONG internacionales han respondido que las nuevas normas son arbitrarias y peligrosas. Varias sostienen que negarse a entregar listas completas de personal palestino responde a preocupaciones de seguridad y a obligaciones legales en materia de protección de datos, especialmente bajo legislación europea. “En Gaza hemos visto a cientos de trabajadores humanitarios asesinados. Entregar esos datos supone un riesgo real”, advirtió Shaina Low, asesora de comunicaciones del Consejo Noruego para Refugiados.

La suspensión de licencias implica, en la práctica, que las organizaciones no podrán enviar personal internacional ni canalizar ayuda hacia Gaza. “A pesar del alto el fuego, las necesidades humanitarias son enormes y, sin embargo, decenas de organizaciones estamos siendo bloqueadas para llevar asistencia que salva vidas”, afirmó Low, quien subrayó que la carga recaerá aún más sobre el personal local exhausto.

El ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, defendió la decisión con un mensaje político claro. “La asistencia humanitaria es bienvenida; la explotación de los marcos humanitarios para el terrorismo no lo es”, declaró. En la misma línea, el organismo de defensa israelí que coordina la ayuda a Gaza, COGAT, aseguró que las ONG afectadas aportan menos del 1% del total de la ayuda que ingresa al enclave y que más de 20 organizaciones sí han recibido autorización para continuar operando.

Israel y las organizaciones humanitarias mantienen además un desacuerdo persistente sobre el volumen real de ayuda que entra en Gaza. Mientras el Gobierno afirma que cumple los compromisos asumidos en el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, las ONG y Naciones Unidas sostienen que la cantidad es insuficiente para una población de más de dos millones de personas en un territorio devastado por meses de guerra.

El endurecimiento de las reglas para las ONG se inscribe en una política más amplia de confrontación con actores humanitarios internacionales. Durante la guerra, Israel ha acusado reiteradamente a la UNRWA de estar infiltrada por Hamás y de permitir el uso indebido de sus instalaciones y recursos, acusaciones que la agencia y la ONU han negado. En enero, Israel prohibió a la UNRWA operar en su territorio, y Estados Unidos suspendió a comienzos de 2024 su financiación a la agencia.

Las preocupaciones por el uso de los datos exigidos por Israel han sido centrales en la respuesta del sector humanitario. Athena Rayburn, directora ejecutiva de AIDA, una plataforma que agrupa a más de 100 organizaciones en los territorios palestinos, señaló que las autoridades israelíes no han garantizado que la información recopilada no sea utilizada con fines militares o de inteligencia. Más de 500 trabajadores humanitarios han muerto en Gaza desde el inicio del conflicto, recordó.

“Permitir que una de las partes del conflicto evalúe a nuestro personal, especialmente bajo ocupación, viola principios humanitarios fundamentales como la neutralidad y la independencia”, afirmó Rayburn. Según explicó, las ONG propusieron alternativas, como mecanismos de evaluación por terceros, pero Israel rechazó entablar un diálogo sobre esas opciones.

La decisión israelí añade una nueva capa de tensión a un sistema humanitario ya desbordado, en un contexto en el que el acceso, la seguridad del personal y la cantidad de ayuda disponible siguen siendo factores críticos para la supervivencia de la población civil en Gaza.