Putin no viajará a la cumbre de los BRICS en Río por la falta de claridad de Brasil hacia la orden del TPI

Participará por videoconferencia y enviará a Sergei Lavrov a representar a Moscú. El Kremlin reprochó al gobierno de Lula da Silva por no garantizar que el mandatario no sería detenido en suelo brasileño

Vladimir Putin y Luiz Inacio Lula da Silva (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)
Vladimir Putin y Luiz Inacio Lula da Silva (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)
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Vladimir Putin no viajará la próxima semana a la cumbre de los BRICS que se celebra en Río de Janeiro ante la falta de una “postura clara” del Gobierno de Brasil con respecto a la orden de detención emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente.

Así lo confirmó este miércoles Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, quien explicó que el mandatario ruso participará del evento por videoconferencia y que la delegación será encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov.

El motivo es el mismo que impidió la presencia de Putin en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica en 2023: la vigencia de una orden internacional de arresto emitida por la CPI por presuntos crímenes de guerra, concretamente por la deportación ilegal de menores ucranianos desde zonas ocupadas por las fuerzas rusas hacia el territorio de la Federación Rusa. Brasil, como uno de los 123 países signatarios del Estatuto de Roma, está obligado en principio a cumplir con esa orden si Putin pisara suelo brasileño.

“Hubo ciertas dificultades en relación con los requisitos del TPI. En ese contexto, el Gobierno brasileño no logró adoptar una posición clara que permitiera la participación de nuestro presidente en esta reunión”, declaró Ushakov, citado por la agencia estatal Interfax. El vocero del Kremlin también confirmó que la cita se celebrará los días 6 y 7 de julio y que, en lugar de Putin, Lavrov encabezará la representación rusa.

La ausencia del líder ruso vuelve a poner en evidencia las consecuencias diplomáticas de la acusación emitida en marzo de 2023 por la Corte con sede en La Haya, que también involucra a María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia. Ambos están señalados como “presuntos responsables” de la deportación ilegal de población infantil ucraniana, una conducta tipificada como crimen de guerra en el artículo 8 del Estatuto de Roma.

Ni Rusia ni Ucrania son miembros del TPI, pero Kiev ha reconocido la jurisdicción del tribunal y colabora con la investigación. Moscú, por el contrario, ha desestimado la orden y considera que el tribunal carece de legitimidad, dado que no ha firmado ni ratificado su tratado constitutivo. A pesar de ello, la orden tiene efectos prácticos: Putin se ve impedido de viajar a más de un centenar de países, entre ellos Brasil, donde podría ser detenido.

Hasta el momento, solo 307 niños han sido recuperados por las autoridades ucranianas (REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)
Hasta el momento, solo 307 niños han sido recuperados por las autoridades ucranianas (REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

En 2023, el presidente ruso optó por no asistir a la cumbre del bloque en Sudáfrica, país que también forma parte del TPI. En contraste, fue recibido en Mongolia, otro Estado signatario, pero que garantizó que no ejecutaría la orden. La última gira internacional de Putin se ha limitado a aliados regionales como Bielorrusia, Tayikistán, Turkmenistán e Irán, una muestra del creciente aislamiento internacional que enfrenta tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

La orden de arresto señala que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene responsabilidad penal individual, ya sea por haber cometido directamente los crímenes o por no haber controlado a quienes los perpetraron. Según la CPI, los menores ucranianos fueron secuestrados en cinco contextos distintos, que incluyen desde la separación forzada de sus padres hasta el traslado desde orfanatos, pasando por campos de rehabilitación o filtración.

Hasta el momento, solo 307 niños han sido recuperados por las autoridades ucranianas, de un total de al menos 16.000 identificados como deportados por Rusia. Daria Herasymchuk, funcionaria designada por Volodimir Zelensky para coordinar su regreso, lidera negociaciones confidenciales para facilitar los rescates.

Los cargos contra Putin no se limitan al secuestro de niños. El Gobierno ucraniano, junto con aliados occidentales y organismos internacionales de derechos humanos, acusa a las fuerzas rusas de al menos 22 violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidos ataques deliberados contra civiles, torturas, ejecuciones sumarias y destrucción de infraestructura esencial.

Mientras tanto, el bloque BRICS —integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— enfrenta tensiones internas sobre su expansión, su rol geopolítico y su relación con Occidente.

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