La relatora de la ONU sobre torturas, Jill Edwards, presentó este jueves su informe sobre la situación en Siria, en el que incluyó decenas de evidencias de los abusos perpetrados por el régimen de Bashar al Assad, y pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) tomar este material e incluirlo en el caso que lleva desde 2023.
La experta trabajó con los casos de al menos 119 personas que fueron víctimas desde 2011 de los maltratos y tratos inhumanos perpetrados por miembros de la dictadura, entre los que se encuentran “palizas, insultos, electroshocks” y encierros en jaulas de madera o metal.
Asimismo, “se documentan quemaduras, heridas de bala y otros signos de crueldad que incluyeron tortura sexual”, al igual que se constataron condiciones de reclusión inapropiadas en las cárceles de todo el país, en las que se carecía de agua potable, alimentos y atención médica.
La experta advirtió, sin embargo, que no es únicamente el depuesto régimen el responsable de todos estos actos sino que se han encontrado acciones similares perpetradas por miembros de otros grupos, como el islamista Organismo de Liberación del Levante (HTS), actualmente en el poder.
Edwards señaló que, en base a estas muestras, es fundamental que un órgano independiente e imparcial investigue estos casos y busque justicia, tras 14 años de guerra civil en el país. Es por ello que pidió al máximo tribunal de La Haya considerar sus observaciones para la causa iniciada por Canadá y los Países Bajos el último año, que se enfoca en estas mismas torturas, y llamó a avanzar rápido con las investigaciones dado que hay una alta probabilidad de que las evidencias se contaminen, en medio de los cambios que ocurren en el país tras la caída de al Assad.
Desde el 8 de diciembre, con la llegada de los rebeldes al poder, muchas cárceles han sido intervenidas y miles de prisioneros liberados, quedando a los ojos de todos las condiciones en que estas personas vivían y los horrores que allí se cometían.
Una de las cárceles que abrió sus puertas fue la de Saydnaya donde, según un informe de 2017 del Departamento de Estado de Estados Unidos, unas 50 personas eran ejecutadas a diario.
Saydnaya estaba dirigida por militares y era un símbolo de la brutalidad del régimen, que arremetía con todos sus recursos contra la oposición.
Una investigación liderada por un grupo de fiscales internacionales de crímenes de guerra constató, en 2014, que el régimen había ejecutado a unos 11.000 prisioneros, algo que luego quedó corroborado con fotografías tomadas en el lugar.
Por todos estos actos y las evidencias irrefutables de ellos, varios países emitieron sanciones contra al Assad, funcionarios, militares y aliados financieros, con el objetivo de restringir su capacidad de perpetrar estos crímenes.
“No permaneceremos de brazos cruzados mientras al Assad prolonga este conflicto y el sufrimiento del pueblo sitio. Seguiremos presionando al régimen de al Assad para obligarlo a poner fin a sus ataques contra el pueblo sirio”, dijo siete años atrás el entonces secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.
También, el Congreso de Washington aprobó la Ley César, cuyo nombre se dio en honor a un fotógrafo de la policía militar de Damasco que desertó con 55.000 imágenes de detenidos muertos, que permite el empleo de “medios diplomáticos y coercitivos” con el fin de “obligar al Gobierno de Bashar al Assad a detener sus ataques mortíferos contra el pueblo sirio y apoyar la transición a un gobierno en Siria que respete el imperio de la ley, los derechos humanos y la coexistencia pacífica con sus vecinos”.
(Con información de EFE)
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