La Corte Suprema británica concluyó el miércoles que el controversial plan del gobierno de enviar algunos migrantes a Ruanda es ilegal, un varapalo para una medida estrella del gobierno del primer ministro, Rishi Sunak, que ha recibido atención y críticas a nivel internacional.
Cinco jueces del máximo tribunal del país dijeron que los solicitantes de asilo correrían “un riesgo real de maltrato” porque podrían ser enviados de vuelta a sus países de origen una vez estuvieran en Ruanda.
Sunak, que ha prometido detener la llegada de migrantes a las costas británicas en pequeñas embarcaciones que cruzan el Canal de la Mancha, dijo que el veredicto “no era el resultado que queríamos”.
Sin embargo, añadió que “hemos pasado los últimos meses preparándonos para todas las posibilidades y seguimos completamente comprometidos con parar los barcos”.
Grupos de derechos humanos y refugiados celebraron la decisión. Charity ActionAid U.K. dijo que reafirmaba “los valores británicos de compasión y dignidad”. Amnistía Internacional instó al gobierno a “dejar atrás un capítulo vergonzoso en la historia política británica”.
Reino Unido y Ruanda firmaron un acuerdo en abril de 2022 para enviar a algunas personas llegadas a territorio británico por el Canal de la Mancha al país en el este de África, donde se procesarían sus solicitudes de asilo y donde podrían quedarse si sus trámites tenían éxito.
El gobierno conservador británico alega que la medida disuadiría a la gente de arriesgar su vida cruzando una de las rutas navieras más transitadas del mundo y rompería el modelo de negocio de las pandillas de traficantes de personas. Políticos opositores, grupos de defensa de los refugiados y organizaciones de derechos humanos tacharon el plan de poco ético e inaplicable.
Todavía no se había sido enviado a nadie a Ruanda, ya que el plan había sido impugnado ante los tribunales.
Al leer la decisión unánime, el presidente de la Corte Suprema, Robert Reed, dijo que no podía confiarse en que Ruanda cumpliera la promesa de no maltratar a los solicitantes de asilo enviados desde Reino Unido.
Mencionó el sombrío historial del país en respeto a los derechos humanos, que incluye desapariciones forzosas y torturas, así como la práctica de devolver a los migrantes a países de origen donde podrían estar en peligro.
Los jueces concluyeron que había “fundamentos considerables para creer que los solicitantes de asilo enfrentarían un riesgo real de maltrato por motivo de repatriación en caso de ser expulsados a Ruanda”.
El gobierno británico ha argumentado que si bien Ruanda registró un genocidio con más de 800.000 muertos en 1994, desde entonces el país se ha construido una reputación de estabilidad y progreso económico.
Los críticos dicen que esa estabilidad se ha logrado a costa de represión política. El fallo de la corte mencionó varias violaciones de derechos, incluidos asesinatos políticos que llevaron a la policía británica “a advertir a los ciudadanos ruandeses que viven en Reino Unido de planes creíbles para asesinarles por parte de ese estado”. Añadieron que Ruanda rechaza al 100% de los solicitantes de asilo de países devastados por la guerra como Siria, Yemen y Afganistán.
El fallo hacía añicos una iniciativa que ha costado al gobierno británico al menos 140 millones de libras (175 millones de dólares) en pagos a Ruanda, sin que llegara a enviarse a nadie a ese país. El primer vuelo se detuvo en el último momento en junio de 2022 tras la intervención de la Corte Europea de Derechos Humanos.
El Alto Tribunal de Londres concluyó en diciembre que el plan de Ruanda era legal, pero el gobierno debía considerar las circunstancias individuales de cada caso antes de poner a nadie en un avión.
La Corte de Apelaciones respaldó en junio una impugnación de solicitantes de asilo de países como Siria, Vietnam e Irán. La corte alegó que el plan era ilegal porque Ruanda no era un “tercer país seguro”.
El gobierno apeló a su vez ese fallo ante la Corte Suprema, y el mes pasado alegó en una vista que había analizado los riesgos de forma exhaustiva y se aseguraría de que el gobierno ruandés se atenía a su acuerdo para proteger los derechos de los migrantes.
No estaba claro si el ejecutivo intentaría mantener el plan en marcha.
Algunos conservadores británicos han pedido acciones drásticas. La exsecretaria del Interior Suella Braverman, despedida por Sunak el lunes, había pedido que Reino Unido abandonase la Convención Europea sobre Derechos humanos y su corte si se bloqueaba el plan de Ruanda.
El juez Reed recalcó que “el mandato legal de que los refugiados no deben ser devueltos a su país de origen (...) si su vida o libertad” corren peligro está reconocido en varias leyes británicas y tratados internacionales, no sólo por la convención europea.
Buena parte de Europa y Estados Unidos tratan de buscar la mejor forma de gestionar a las personas que buscan refugio de la guerra, la violencia, la opresión y el calentamiento del planeta, que ha provocado inundaciones y sequías devastadoras.
Aunque Reino Unido recibe menos solicitantes de asilo que muchos países europeos, como Alemania, Francia e Italia, miles de migrantes de todo el mundo viajan al norte de Francia cada año con la esperanza de cruzar el Canal. Sunak ha prometido “parar los barcos”.
Más de 27.300 migrantes han cruzado el Canal este año y se estima que el total del año estará por debajo de los 46.000 que hicieron el viaje en 2022. El gobierno dice que eso demuestra que su estrategia dura funciona, aunque otros citan otros factores, como el tiempo.
(con información de AP)
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