La organización Human Rights Watch (HRW) le exigió al régimen chino la liberación inmediata de todas las personas detenidas tras participar a finales de noviembre en las protestas contra la fracasada política sanitaria de “covid cero”.
“Las autoridades chinas deben liberar y retirar todos los cargos contra las personas detenidas por participar en esas protestas. Deben también dejar de hostigar a abogados y amigos de los manifestantes y dejar de censurar información relacionada en las redes sociales”, indicó la ONG en un comunicado.
Hace varios días, otras organizaciones como Chinese Human Rights Defenders (CHRD) denunciaron la detención de más de 20 personas que participaron el pasado 27 de noviembre en las protestas en Beijing bajo la acusación de “provocar disputas y problemas”.
HRW apunta que, según la ley penal china, este delito se utiliza con frecuencia para “criminalizar protestas pacíficas” y “acallar críticos” y puede conllevar sentencias de hasta cinco años de prisión.
Entre los arrestados figuran periodistas, artistas, escritores o profesores, según CHRD.
“Es posible que más manifestantes hayan sido detenidos o sometidos a desapariciones forzadas, aunque sus casos no se conocen públicamente dada la práctica de las autoridades chinas de amenazar a las familias de los detenidos para que guarden silencio. HRW no puede verificar de forma independiente todas las listas de desaparecidos que se han publicado”, señala la organización.
“Los jóvenes en China están pagando un alto precio por atreverse a hablar en favor de la libertad y los derechos humanos”, indicó el investigador Yaqiu Wang de HRW en el comunicado.
“Gobiernos e instituciones internacionales de todo el mundo deben mostrar su apoyo y pedir a las autoridades chinas que los liberen de inmediato”, agregó.
El descontento generalizado por todo el país con la política de “Covid cero” terminó por provocar a finales de noviembre protestas pacíficas y vigilias en ciudades como Beijing y Shanghái, en las que los manifestantes mostraron su rechazo a las restricciones entonces vigentes y enseñaron hojas de papel en blanco que representaban su oposición a la censura.
Las protestas estallaron tras la muerte de diez personas en un edificio confinado en Urumqi (noroeste), y en ella los manifestantes corearon consignas como “no quiero PCR, quiero comer” o “devuélveme mi libertad”.
Los manifestantes no solo mostraron su descontento con las fracasadas políticas sanitarias sino que, en algunas ocasiones, llegaron a reclamar la dimisión del presidente del país, Xi Jinping, alabado en los últimos años por la prensa oficial como principal coordinador de la política antipandémica de China.
Algunos internautas publicaron también artículos en la red social WeChat que únicamente se componían de palabras como “bien”, “sí” o “de acuerdo”, en protesta por la eliminación sistemática de contenidos críticos con el desempeño de las autoridades.
“Asistir a una vigilia y pedir a las autoridades que respeten los derechos humanos no es un crimen. Las detenciones solo muestran el profundo miedo de Beijing al poder que tienen los jóvenes del país”, apuntó HRW.
Las autoridades reaccionaron con un aumento del despliegue policial y vallando áreas con la intención de impedir que las marchas se repitieran; desde entonces, algunos testimonios en redes han denunciado detenciones.
Poco después de las protestas, las autoridades comenzaron a desmantelar la política de Covid cero, dando lugar a una gran ola de contagios que desembocó en una alta presión hospitalaria y decenas de miles de muertes.
“Poco después de las protestas, el Gobierno levantó la mayoría de las restricciones que mantenía. Con la baja tasa de vacunación entre la población mayor y la falta de preparación a nivel médico, la decisión resultó en una rápida propagación, hospitalizaciones y muertes en el país. Las autoridades rebajaron el número de fallecimientos impidiendo a los hospitales y a las familias que registraran como covid las causas de muchas de las muertes”, según HRW.
(Con información de EFE)
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