El gobierno francés amenaza con disolver el Parlamento si no logra acuerdos legislativos

El nuevo año legislativo se inauguró en la Asamblea Nacional de Francia. Con el debate sobre el tema de la invasión rusa a Ucrania, los legisladores regresaron al hemiciclo y estrenaron un cuerpo donde el gobierno no contará con mayoría parlamentaria. Desde este lunes, el recinto entra en sesión ordinaria hasta junio de 2023.

Los diputados franceses volvieron en medio de un ambiente complejo. El presidente de la República, Emmanuel Macron, ya había amenazado con una disolución inmediata del mismo, de no conseguir acuerdos para avanzar en su plan de reformas. Entre las iniciativas del Palacio del Elíseo están el presupuesto, con un exorbitante gasto público, y la controvertida reforma de las pensiones.

Pero hay otro desafío: desde las elecciones legislativas de junio de 2022, debe sumarse la presencia de dos bloques opositores con posiciones radicalizadas. Las principales fuerzas representan extremos ideológicos. Por un lado, La France Insoumise, de Jean Luc Mélenchon (LFI, 75 diputados), que prevaleció así sobre el Partido Socialista (PS, 31 elegidos), en el otro la Agrupación Nacional (RN, 89 diputados) sobre los del partido Los Republicanos (LR, 62 diputados). Ambas anticipan casi un bloqueo automático a las ideas del oficialismo.

La moción de censura o la disolución han estado entre las normas a utilizar por el Ejecutivo desde el momento en que el oficialismo no logró la tradicional mayoría absoluta parlamentaria. Mencionado con insistencia, el uso del artículo 49-3, que permite estas herramientas, refleja el intenso camino en el que se desenvolverá cada sesión de la Asamblea Nacional.

En el primer debate los cruces en el recinto fueron muy acalorados. En varias ocasiones, el presidente de la sesión tuvo que llamar al orden a los diputados debido a los repetidos alborotos. Después del tema de la guerra en Ucrania, el examen del proyecto de ley del seguro de desempleo reveló la dificultad para avanzar en acuerdos.

La mayoría relativa simple obtenida en junio por Emmanuel Macron tras su reelección torció la situación en el Palacio Bourbon, el epicentro francés de las pujas políticas. Lejos quedaron las mayorías maniobrables con las que los últimos Presidentes de la República pudieron sostenerse. Entre los que pudieron contar con la facilidad de un cuerpo favorable estan Jacques Chirac en 2002, Nicolas Sarkozy en 2007, François Hollande en 2012, e incluso el actual Jefe de Estado en 2017.

El clima social no es el más oportuno. La crisis económica desatada por la inflación, aunque en Francia con tasas menores que los socios europeos, hace que la irritación sea una constante no exclusiva entre los políticos. El primer texto, el del seguro de desempleo, presenta aristas controvertidas. Sin embargo, el centro de conflicto sigue siendo la reforma de las pensiones, una iniciativa que Macron quiere alcanzar antes del próximo verano.

La semana pasada Emmanuel Macron fue claro frente a las amenazas. De promoverse una moción de censura, provocará la disolución inmediata de la Asamblea Nacional. Sin embargo, por ahora son meras especulaciones. La votación de una moción de censura requiere la mayoría absoluta, una alianza entre todos los partidos de la izquierda, republicanos y de extrema derecha, esta última formación que dirige Marine Le Pen.

El presidente ha instruido ya a su gobierno y parlamentarios para avanzar tratando de que no de la impresión del más mínimo contratiempo. Detrás del plan de reformas, en particular el sistema de retiro, está la subsistencia del poder del Elíseo.

La operación “pensiones” tiene precisamente ese objetivo: a principios de septiembre, priorizar el tema y presionar, como si no estuviera en modo alguno reprimido por la nueva configuración parlamentaria. Macron quiere moverse con absoluta determinación. El jefe de Estado entiende que la reforma, explicada durante la campaña presidencial, fue ratificada con su triunfo en las urnas.

Para llegar a una disolución hay que retroceder seis décadas. En octubre de 1962, una moción de censura seguida de una disolución, es el antecedente más próximo en la Quinta República. En aquella oportunidad, los diputados habían censurado al gobierno del primer ministro Georges Pompidou por impugnar el plan presidencial de elegir al presidente de la República por sufragio universal directo. El general Charles De Gaulle se había disuelto por una moción de censura y había obtenido una cómoda mayoría.

Como escribió Françoise Fressoz, columnista de Le Monde, “Aislado, Emmanuel Macron debe navegar entre el escollo del impedimento y la tentación del autoritarismo”. En este escenario, el jefe de Estado instruyó a su gobierno, en especial a su primera ministra Elizabeth Borne, para abrir un ciclo de discusiones con los interlocutores sociales y las fuerzas políticas sobre la base de su programa, esperando desarticular la obturación de sus proyectos.