La Corte Penal Internacional (CPI) halló una “base razonable” para investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Filipinas durante la guerra contra las drogas emprendida por el presidente, Rodrigo Duterte.
“La Oficina está convencida de que la información disponible proporciona una base razonable para creer que crímenes de lesa humanidad, como asesinato, tortura, lesiones físicas graves y daño mental por actos inhumanos, se cometieron en Filipinas entre al menos el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019, en el marco de la guerra contra las drogas”, señaló la fiscal Fatou Bensouda en un informe publicado el lunes.
Sin embargo, Bensouda, la fiscal de la CPI que lleva el caso, aún no ha decidido si el expediente sobre Filipinas, que se encuentra en la fase de “examen preliminar”, pasará a una investigación formal pronto, debido a las restricciones por la pandemia de la covid-19.
“La Oficina prevé llegar a una decisión sobre si solicitar autorización para abrir una investigación sobre la situación en Filipinas en la primera mitad de 2021”, indicó Bensouda, quien a principios de año adelantó que eso sucedería antes del fin de 2020.
La CPI abrirá una investigación si determina que el sistema de justicia de Filipinas no ha podido o no ha querido procesar a los responsables de las muertes en la campaña contra las drogas, en la que han muerto, según cifras oficiales, unos 8.000 sospechosos en redadas policiales.
Sin embargo, grupos de derechos humanos elevan la cifra a unas 30.000 víctimas asesinadas por las fuerzas del orden o por sicarios en ajustes de cuentas, aprovechando el clima de impunidad de la campaña, ya que el propio presidente ha animado a disparar a cualquier sospechoso de consumir o traficar con drogas.
“Nuestras informaciones indican que se ha iniciado un número limitado de investigaciones y enjuiciamientos a nivel nacional sobre los autores de conductas delictivas que tuvieron lugar en el contexto de la guerra contra las drogas”, señaló la fiscal.
SOLO UNA CONDENA
Hasta la fecha, solo se ha producido una condena en el marco de la campaña, por el asesinato en agosto de 2017 del Kian de los Santos, un joven de 17 años, por el que tres agentes de policía fueron declarados culpables y sancionados a cadena perpetua en noviembre de 2018.
Aunque todavía no hay una investigación formal, el presidente del Sindicato Nacional de Abogados del Pueblo (NUPL, en inglés), Edre Olalia, señaló que el último informe es un “rayo de esperanza que se asoma entre las nubes oscuras de la impunidad”.
“Se acerca el día del juicio final para el reino de terror de Duterte. Mientras esperamos la decisión de la Fiscalía, insistimos en nuestro llamado a que se haga justicia por los brutales crímenes de la administración Duterte contra el pueblo filipino”, puntualizó Cristina Palabay, coordinadora de Karapatan, una red nacional de grupos de derechos humanos.
Tanto Karapatan como la NUPL están entre las organizaciones que han presentado varias demandas ante la CPI en las que se apunta al presidente Duterte como incitador de los asesinatos y, por tanto, responsable de crímenes de lesa humanidad.
A raíz de que la CPI abriera un “examen preliminar” sobre la guerra contra las drogas, Duterte anunció el 16 de marzo de 2018 la salida de Filipinas del organismo, decisión que se hizo efectiva un año después, aunque el tribunal internacional todavía tiene jurisdicción para investigar crímenes hasta el 16 de marzo de 2019.
(Con información de EFE)
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