Qué significa la suspensión del Parlamento británico y por qué Boris Johnson tomó esta drástica medida

La reina Isabel II aprobó este miércoles formalmente la petición de Boris Johnson y desató una de las peores crisis institucionales de la historia reciente en el Reino Unido. Entre el 9 y el 12 de septiembre comenzará la suspensión de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores, que se extenderá hasta el 14 de octubre, según un comunicado del Consejo Privado de la Corona.

La reapertura del Parlamento se producirá 17 días antes del 31 de octubre, la fecha límite que la Unión Europea le concedió al Reino Unido para abandonar el bloque. De esta manera, los legisladores que se oponen a que haya un Brexit sin acuerdo tendrán un margen demasiado estrecho para aprobar algún tipo de mecanismo que impida esa ruptura caótica.

Es cierto que la suspensión es un proceso habitual, que implica la interrupción temporal de todas las actividades legislativas. El término en inglés es prorogue (aplazar, suspender), y es una facultad exclusiva de la reina, a la que los parlamentarios no pueden negarse. Claro que desde hace muchos años la monarca no actúa en función de su propio criterio, sino siguiendo el "consejo" del primer ministro.

El Parlamento se encuentra cerrado actualmente, pero no por una suspensión, sino por el receso de verano, que comenzó el 25 de julio y termina el 3 de septiembre. Más allá de los recesos por vacaciones y días festivos, casi todos los años se realiza una breve suspensión para marcar el fin de un período de sesiones y el comienzo del siguiente. Es entonces cuando la Reina da el discurso en el que se anuncian los planes de gestión para la etapa que se abre. Pero desde 2017 no había receso ni suspensión, porque las cámaras venían sesionando ininterrumpidamente para encontrar alguna salida al Brexit.

De todos modos, hay muchas diferencias entre la suspensión que acaba de conseguir Jonhson y las de años anteriores. Para empezar, es mucho más larga. La de 2016 se había extendido por sólo cuatro días y en general duran entre tres y 15 días. Desde 1945 no hay registros de un cierre de cinco semanas.

Eso no sería lo más grave. Lo que más indigna a la oposición —e incluso a algunos miembros del oficialismo— es que un procedimiento que se hace siempre con fines administrativos se está utilizando para conseguir un resultado político esperado por el gobierno y rechazado por la mayoría del Parlamento: el temido Brexit sin acuerdo.

Por eso, John Bercow, presidente de la Cámara de los Comunes, afirmó que la decisión constituye un "ultraje constitucional". "Es obvio que el propósito de esta suspensión ahora sería impedir que el Parlamento debata sobre el Brexit y cumpla con su deber de definir el rumbo del país", agregó.

"Es un escándalo y una amenaza a nuestra democracia", dijo Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, principal fuerza de oposición. Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, advirtió en Twitter: "A menos que los parlamentarios se unan para frenarlo la próxima semana, hoy pasará a la historia como uno de los días más oscuros de la democracia británica".

Johnson tomó esta decisión sin precedentes —aunque coherente con sus antecedentes poco contemplativos de las limitaciones institucionales— porque considera que es la única solución para concretar la salida de la UE. La caída de Theresa May se debió a que la mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes rechaza tanto el acuerdo que ella alcanzó con Bruselas para un divorcio negociado y paulatino, como una ruptura caótica. Johnson fue siempre claro en que no aceptaría un pacto como el de May, y en que haría todo lo posible para que el Reino Unido deje de pertenecer a la UE el 31 de octubre.

Distintos partidos opositores se habían reunido el martes para evaluar las medidas a tomar para impedir que Johnson ejecute su plan. Corbyn propuso impulsar una moción de censura contra el premier y se ofreció como candidato a reemplazarlo, a cargo de un gobierno de transición. Pero esa opción, que requeriría del respaldo mayoritario de los comunes, sería inaceptable para algunos miembros del Partido Conservador que no quieren un Brexit sin acuerdo. La solución intermedia fue avanzar con iniciativas legislativas que aten de manos al primer ministro y bloqueen la salida que él quiere.

La suspensión que logró Johnson ahora amenaza con frustrar ese proyecto. Difícilmente puedan aprobar algo tan complejo en los pocos días que tendrán entre el 3 de septiembre, cuando finaliza el receso de verano, y la semana del 9, cuando comienza la suspensión. Igualmente ajustados estarán después del 14 de octubre, con un plazo de apenas 17 días hasta la fecha límite, y sólo un puñado de sesiones posibles en ese período.

El tiempo juega a favor de Johnson, porque las normas son claras: el 31 de octubre el Reino Unido quedará automáticamente afuera de la UE, a menos que Bruselas le conceda una nueva prórroga, algo a lo que el primer ministro se opondría. Eso significa que él no tiene que hacer nada para que suceda. Es el Parlamento el que debería actuar de alguna manera para impedirlo.

Si los legisladores opositores no encuentra una solución política al problema, podrán acudir a la Justicia. Aunque no es posible impugnar judicialmente una medida de la Reina, sí podrían objetar el consejo que le dio el primer ministro para que la tome. Pero no será fácil que un juez les de la razón.

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