Ilustración: Rodrigo Acevedo Musto
Ilustración: Rodrigo Acevedo Musto

La decisión del gobierno de Mariano Rajoy de impedir por la fuerza el referéndum independentista del domingo pasado —cumpliendo con una orden judicial— terminó en una represión que dejó 844 heridos y forzó a las autoridades catalanas a cambiar sobre la marcha las reglas de votación. A pesar de que el proceso se realizó sin garantías de transparencia, y de que votó sólo el 43,03% del padrón, el govern de Carles Puigdemont consideró totalmente legítimo el triunfo del Sí con el 90,18 por ciento.

Lo que falta ahora es que se expida el Parlament, el órgano soberano de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Originalmente se había convocado para el próximo lunes una sesión plenaria, con el objeto de "valorar los resultados y los efectos del referéndum". Siguiendo los pasos establecidos por la ley aprobada en septiembre, 48 horas más tarde se tendría que declarar la independencia unilateral de España, llevando el conflicto con Madrid a un nuevo nivel.

La proclamación unilateral de la independencia tendría muchos problemas operativos

Sin embargo, el panorama se complica cada vez más para los secesionistas. Primero, porque el Tribunal Constitucional suspendió este jueves la convocatoria del lunes, con el argumento de que los diputados no pueden expedirse sobre una consulta que fue declarada ilegal. A ese contratiempo se sumó algo que preocupa mucho más a las autoridades de la Generalitat. Ante la inminencia de la ruptura, los dos principales bancos de Cataluña, el CaixaBank y el Sabadell, anunciaron que trasladarán sus sedes a otras regiones de España.

En este escenario de incertidumbre y de tensiones crecientes al interior de Junts pel Sí, la coalición gobernante, Puigdemont reprogramó para el martes la sesión parlamentaria. Pero esta vez no hizo ninguna referencia a la elección del domingo pasado. Para evitar una nueva suspensión judicial, la consigna es discutir "la situación política actual". Todo indica que, de un modo u otro, el Parlament avanzará en la declaración de la independencia. Los interrogantes son cómo decidirá llevarla a cabo, qué posibilidad real tendrá de materializarla y cuál será la reacción de Madrid.

Carles Puigdemont, presidente catalán (AFP)
Carles Puigdemont, presidente catalán (AFP)

La independencia de Cataluña, bajada a la realidad

"Sólo quedan tres escenarios posibles", contó a Infobae el politólogo Pablo Simon, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. "La probabilidad más baja es que el Parlament concluya que el referéndum no tuvo garantías y que no haga nada. El siguiente escenario, de probabilidad media, es la proclamación unilateral de la independencia de forma inmediata, que tendría muchos problemas operativos, porque implicaría tomar control de la Policía y de las fronteras, y eso no ha ocurrido nunca sin violencia. El tercer escenario es que haya una declaración de independencia que aplace la exclusión definitiva, para que se produzca una secesión negociada. Esto es lo más probable".

Ninguna de estas posibilidades está exenta de graves consecuencias. Evidentemente, la más preocupante sería la segunda, una separación que pretenda hacerse efectiva inmediatamente, como quiere la CUP, el aliado más radicalizado de Puigdemont. El problema es que España se vería prácticamente obligada a intervenir por la fuerza. La alternativa de una declaración más simbólica tampoco estaría exenta de inconvenientes, ya que algo tendría que hacer Madrid, pero sería un desafío más fácil de encauzar sin violencia.

Este escenario plantea serias dudas acerca de si las instituciones catalanas tienen capacidad real de mantener el control sobre el territorio

"Es posible que en los próximos días el Govern declare la independencia. Pero este escenario plantea serias dudas acerca de si las instituciones catalanas tienen capacidad real de mantener el control sobre el territorio. En mi opinión, no. Después de que el Gobierno español haya mostrado su lado más violento y atendiendo a la ocupación policial con más de 10.000 agentes, y a la militancia pacifista que por el momento están teniendo las movilizaciones soberanistas, nada hace pensar que ese control pueda hacerse efectivo", explicó Roger López Ayala, profesor de ciencia política en la Universidad de Barcelona, consultado por Infobae.

Por otro lado, el requisito fundamental para ser un país independiente es ser reconocido como tal por otros. En este momento, no hay posibilidades de que algún Estado relevante de la región esté dispuesto aceptar a Cataluña como un par. Esto haría aún más difícil llevar a la práctica cualquier intento de secesión.

"La Unión Europea (UE) la trataría como un interlocutor no válido, lo que desataría un problema de negociación internacional. Además, el gobierno español le cortaría cualquier tipo de financiación", dijo a Infobae Gema Sánchez Medero, profesora de ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid.

Una de las tantas escenas de represión del día del referéndum
Una de las tantas escenas de represión del día del referéndum

Las posibles respuestas de Madrid

Lo que en el fondo hace difícil imaginar que Cataluña consiga llevar a la práctica el plan que eventualmente indique el Parlament es que España no está dispuesta a permitirlo. Y la diferencia de recursos institucionales, políticos y económicos entre los dos estados es demasiado grande.

"Tras los episodios del pasado 1 de octubre, el Gobierno ha dejado en claro cuál será el tono de su gestión del conflicto: legalidad por la fuerza —dijo López Ayala—. En realidad, más fuerza que legalidad, dado que las actuaciones de las últimas semanas previas al domingo de votación quedan enmarcadas en un dudoso respeto a las garantías institucionales más básicas que se desprenden del respeto a los derechos fundamentales o a la separación de poderes".

La respuesta que se avizora más factible desde el punto de vista legal es la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que le permite al gobierno central suspender ciertas competencias de las comunidades autónomas cuando está en riesgo el interés general. Pero como la redacción es algo vaga, no está claro cuán a fondo podría ir en su ejecución.

"Para aplicar el artículo tiene que llevar al Senado un plan de acción con las competencias que le restaría a la comunidad y la cámara tendría que aprobarlo —dijo Sánchez Medero—. La cuestión es si se atreverán a ir más allá y a imponer un gobierno transicional hasta que se convoque a elecciones. Eso implicaría detener al presidente de la Generalitat y a los miembros de su gobierno. Ésas son algunas de las opciones que se están barajando, el punto es hasta dónde llegar. Si nos atenemos a las palabras del rey Felipe VI, parece que se va actuar con firmeza".

El Gobierno ha dejado en claro cuál será el tono de su gestión del conflicto: legalidad por la fuerza

La decisión no es sencilla para Rajoy. Las imágenes de la represión policial del domingo pasado recorrieron el mundo y fueron muy criticadas. Cuanto más radical sea su intervención en Cataluña, más fuerte será la reacción y, por ende, los riesgos de quedar deslegitimado ante la comunidad internacional.

Jordi Matas, director del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, no es demasiado optimista. "Si son capaces de llegar a los límites del 1 de octubre, uno imagina que pueden hacer cualquier cosa. Por tanto, no descarto una suspensión de la autonomía, el encarcelamiento de los representantes políticos catalanes, y una mayor represión popular, que incluya también la persecución de los medios de comunicación y de muchos otros derechos y libertades. Pero tampoco descarto que el pueblo de Cataluña siga en pie, protestando", sostuvo en diálogo con Infobae.

En última instancia, la respuesta de Madrid dependerá en gran medida de los términos en los que el Parlament declare la independencia. Si lo hace con cierta cautela, reconociendo implícitamente que no está dispuesto a imponerla por la fuerza, el gobierno español podría reaccionar con moderación.

"En ese caso se abren diferentes caminos —dijo Simon—. Una alternativa es plantear solamente un recurso ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la declaración y luego seguir esperando. Eso disminuye la probabilidad de violencia. Sería una guerra fría en la que nadie dispare primero. Pero habría que ver qué ocurrirá en el momento en que alguien dé un paso en falso. Porque aplicar el artículo 155 sería grave, y si los Mossos d'Esquadra (la policía catalana) desobedecieran, también".

El referéndum estuvo plagado de irregularidades (AP Photo/Santi Palacios)
El referéndum estuvo plagado de irregularidades (AP Photo/Santi Palacios)

En busca de una solución posible

Pase lo que pase en los próximos días, todos los analistas concuerdan en que la única forma de que España recupere la normalidad es a través de una negociación en la que se llegue a una solución de compromiso, que sea aceptada por todos. Ninguna salida que se base exclusivamente en la fuerza puede ser sostenible en el tiempo.

"La negociación sería la única solución posible, pero tiene que haber voluntad. La condición principal es que los dos quieran sentarse y de momento no parece que sea así. La sensación es que estamos abocados a este precipicio y nadie lo intenta parar", sostuvo Sánchez Medero. "Hay sectores que no aceptarían dialogar, sobre todo desde la CUP, donde dan por válidos los resultados del referéndum por más de que no cumplió con su propia legalidad", agregó.

López Ayala coincidió en que no parecen estar dadas las condiciones para una negociación genuina, pero apuntó contra la intransigencia de Rajoy. "El president Puigdemont hizo una intervención en la que, una vez más y como viene pasando los últimos años, se mostró abierto a buscar una solución pactada. El problema de la mediación, en mi opinión, es mayor para los intereses del gobierno español. Seguramente por eso se niega a contemplarla. Esa dificultad nace de que debería suponer un desplazamiento en las pretensiones de ambas partes y, muy posiblemente, la celebración de un referéndum pactado sería objeto central de la negociación".

Mariano Rajoy, presidente español (Reuters)
Mariano Rajoy, presidente español (Reuters)

La esperanza de muchos está puesta en Europa, que en caso de que la crisis se profundice y crezca la violencia, podría ejercer presión para que estos dos bandos que hoy se muestran irreconciliables acepten dialogar. "Aunque tiene muchísimas contradicciones, la UE no puede permitir que un Estado importante tenga tantos conflictos, tantas tácticas represivas. Esa reacción podría llevar a una negociación amparada por la propia UE o por otra organización internacional, para encontrar una solución", dijo Matas.

El problema de cualquiera de estos intentos es que todos los participantes tienen que estar dispuestos a ceder, a reconocer errores y a pensar en el largo plazo más que en el corto. Eso es muy difícil en un contexto como el actual.

Simon propuso un conjunto de acuerdos que, si bien él mismo reconoció como utópicos, podrían servir de modelo sobre la dirección que habría que tomar. "Tendría tres pasos secuenciales. Que la Generalitat reconozca que el referéndum que realizó fue ilegal y careció de garantías. Que el gobierno español asuma la responsabilidad por la represión y presente la dimisión del ministro del Interior para ofrecer una pieza política a cobrar. Y que se abran en paralelo dos mesas de negociación sin exclusiones en Cataluña y en el Congreso español para que, en seis meses, se realicen elecciones en ambos lugares. Es una salida política posible a este laberinto, porque si no, el riesgo es continuar en esta cuerda floja hasta que alguien se equivoque. Cuando eso ocurra, se tomarán decisiones irreversibles", concluyó Simon.

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