Este miércoles un juez federal dictó auto de formal prisión contra el General del Ejército, José Rodríguez Pérez, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud.
José Rodríguez Pérez, quien recibió el auto de formal prisión debido a que su proceso se llevará con el antiguo sistema penal inquisitivo, enfrentará un juicio por su supuesta relación con Guerreros Unidos, grupo criminal ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el antiguo sistema penal todos los inculpados debían llevar el proceso desde prisión, por lo que en este caso el general Rodríguez Pérez permanecerá en reclusión en el Campo Militar 1-A.
Además, Enrique Beltrán Santes, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, ligó a proceso penal al capitán José Martínez Crespo y al sargento Eduardo Mota Esquivel, por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, también relacionados con la desaparición de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos durante los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
General José Rodríguez Pérez ante la justicia
El pasado 15 de septiembre el gobierno federal anunció la detención de un general del Ejército y otros tres militares por su presunto vínculo con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en 2014.
Sin embargo, algunas notas periodísticas señalaron que el general Rodríguez Pérez se entregó voluntariamente a las autoridades para enfrentar las acusaciones en su contra que se presentaron en el informe de la Comisión de la Verdad de la subsecretaria de Gobernación federal.
El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dijo durante la conferencia matutina que fueron detenidos tres militares, entre ellos quien fuera el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones.
La Comisión de la Verdad
El más reciente informe de la Comisión para la Verdad presentado el pasado 18 de agosto, concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que personal del Ejército retuvo de manera ilegal a seis estudiantes luego del 26 de septiembre de 2014 y que un mando castrense ordenó su ejecución y desaparición seis días después.
Pocos días después de presentarse este informe, el 26 de agosto, los padres de los jóvenes aseguraron que seguirán buscando a sus hijos con vida hasta que haya pruebas “objetivas, científicas e indubitables” de que están muertos.
Aun así, reconocieron la importancia de que el Gobierno estableciera con claridad a participación de las fuerzas armadas y otras autoridades pero recordaron que ya desde hace años las familias y diversas organizaciones venían diciendo que era un crimen de Estado.
El presidente López Obrador declaró el 22 de agosto que no habrá impunidad para quienes participaron en la desaparición de los estudiantes y “aseveró que están siendo juzgados”, después de la detención del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
El 19 de agosto fue detenido Murillo Karam, acusado por la Fiscalía de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la Justicia.
El Gobierno de México también busca extraditar de Israel desde septiembre de 2020 a Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, considerado uno de los autores clave de la “verdad histórica”.
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