Los recientes avances en la investigación sobre el Caso Ayotzinapa reabrieron una herida que, ocho años después, está lejos de sanar, ya que las familias aún no han tenido justicia por la desaparición y aparente asesinato de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“No hay indicios de que los estudiantes sigan con vida”, “fue un crimen de Estado” y “el ex presidente Enrique Peña Nieto no forma parte de los posibles implicados” fueron algunos de los puntos más destacados de la presentación de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, del pasado 18 de agosto.

En este sentido, se ha señalado que el Informe de la Comisión de la Verdad no contempla una orden de aprehensión en contra de Peña Nieto ni de Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional.

El descarte de Peña Nieto como implicado en los crímenes causó múltiples reacciones entre la población, siendo las más evidentes la indignación y la confusión.

Sin embargo, aunque el ex mandatario no figure en la lista de personajes involucrados directamente con la desaparición de los estudiantes, las raíces de este crimen se expandieron hasta diversas instancias de su gobierno.

El resultado de una cadena de omisiones

En su más reciente columna para Ejecentral, el periodista Raymundo Riva Palacio expuso una serie de situaciones específicas que, de haber ocurrido de otro modo, pudieron haber evitado los crímenes en contra de los normalistas.

Primeramente, refirió un par de llamadas que realizó el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, durante la noche del 26 de septiembre de 2014 después de enterarse de la violencia desatada contra los estudiantes.

Una de las llamadas fue dirigida a Luis Miranda, subsecretario de Gobernación; la otra al general Alejandro Saavedra Hernández. El primero tomó nota y el segundo dijo que “preguntaría lo que estaba sucediendo”. Ninguna de las dos llamadas tuvo seguimiento, señaló el también analista político.

Un par de días después, durante una reunión en Los Pinos convocada por Peña Nieto, el procurador Jesús Murillo Karam —arquitecto de la “verdad histórica”— afirmó que había sido un conflicto entre grupos del narco y todos los presentes lo aceptaron sin cuestionamiento alguno. Consideraron que lo mejor era no decir nada.

Posteriormente, durante una evaluación interna del equipo presidencial, concluyeron que era un asunto local que le correspondía únicamente a las autoridades municipales y estatales.

Al plantearse la idea de presionar cuanto antes al gobernador de Guerrero para que abandonara su cargo, el gabinete de Peña Nieto descartó la opción. Ese fue, de acuerdo con el periodista, uno de los principales errores.

Por otro lado, el columnista recalcó que desde antes de la tragedia del 26 de septiembre de 2014, el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) había encabezado la mesa de seguridad en el estado y se habían documentado los crímenes del cártel de Guerreros Unidos y su vinculación con José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda, señalada como hermana de los fundadores del grupo criminal.

El ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, había evidenciado que “Abarca estaba vinculado con el asesinato del dirigente agrario Arturo Hernández Cardona, líder de la organización Unidad Popular, en 2013″. Según lo narrado por el analista político, Blanco pidió en repetidas ocasiones que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso, pero fue ignorado.

Las preguntas sin respuesta

Bajo esta narrativa, Riva Palacio aseguró que el gobierno encabezado por Peña Nieto se caracterizó por su falta de acción y oportuna respuesta. Así, planteó diversos cuestionamientos que no tendrán respuesta, pero sugieren que las cosas pudieron ocurrir de un modo distinto:

¿Qué hubiera pasado de haberse actuado en el momento en que se detectaron los vínculos entre funcionarios de Tierra Caliente con el narco [ya fuera con Guerreros Unidos o con Los Rojos]? Además de una alteración en la red de protección institucional, no hay respuesta alguna.

“Tampoco se sabrá que habría pasado si el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no hubiera pedido aplazamientos para los controles de confianza de los policías municipales, porque de haberse hecho, la mayoría de los involucrados en el crimen jamás los hubieran aprobado”, agregó el periodista.

“¿Qué le informaron al general Hernández Saavedra?” fue otra de las preguntas que planteó ante la inacción del subsecretario Miranda.

En conclusión, señaló Riva Palacio, “todo fue una cadena de omisiones” que, lejos de tratarse de una conspiración para encubrir al Ejército, fue la prueba “de un gobierno profundamente incompetente”.

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