La noche del 26 de septiembre de 2014 quedará marcada como una de las más grandes heridas en la historia moderna de México. Han pasado casi ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y las familias aún no han obtenido justicia.

Este jueves 18 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, compartió nuevos avances en las investigaciones de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) que desmintieron la llamada “verdad histórica” difundida por las autoridades en aquel entonces sobre el caso.

Durante la presentación del más reciente informe, destacó el hecho de que, por primera vez desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador atrajo la investigación, se reconoció, tajantemente, que fue un crimen de estado.

Igualmente, Encinas ofreció algunas reveladoras conclusiones respecto a la colusión del gobierno con el crimen organizado, pues se determinó que todas las autoridades (municipales, estatales y federales) tuvieron información sobre los estudiantes, desde la toma de los camiones y su traslado a Iguala hasta los hechos de persecución, violencia y desaparición en su contra.

El subsecretario de Derechos Humanos comentó que en el caso están implicados funcionarios de todos los niveles, pero el ex presidente Enrique Peña Nieto no se encuentra en dicha lista. Al ser cuestionado sobre la participación de servidores específicos, como el general Salvador Cienfuegos, no dio mayor información.

Sin embargo, al revisar el Informe de la Presidencia de la CoVAJ es posible encontrar algunos detalles relevantes tanto de la desaparición como de agresiones y amenazas previas a la misma, como la ocasión en que José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, y el grupo criminal Guerreros Unidos amenazaron a los normalistas de Ayotzinapa.

El 3 de junio de 2013, 15 meses antes de los crímenes perpetrados en contra de los estudiantes de Ayotzinapa, los cadáveres de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez fueron hallados en la carretera federal México–Acapulco, en el municipio de Tepecuacuilco, Guerrero.

Sus cuerpos tenían los ojos vendados, presentaban signos de violencia y heridas por armas de fuego.

Los tres eran dirigentes de la Unión Popular Emiliano Zapata (UPEZ), organización que días antes se habían reunido con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para discutir la problemática de violencia política al interior del municipio. De acuerdo con diversos testimonios, Abarca amenazó a Arturo Hernández Cardona y sus compañeros.

El 30 de mayo, después de una manifestación frente a una caseta de peaje en Iguala, Hernández Cardona fue desaparecido junto con varios de sus compañeros. Algunos lograron escapar, pero Cardona, Bandera Román y Román Ramírez no corrieron con la misma suerte.

Datos incluidos en los expedientes PGJ HID/FC/01/769/2013 de la justicia estatal y PGR/SEIDO/BEDMF/439/2014 del fuero federal, citados por La Jornada, así como el testimonio notariado de Nicolás Mendoza Villa, establecieron que fue el mismo José Luis Abarca quien orquestó el secuestro y la tortura de los activistas y quien tiró del gatillo para ejecutar a Arturo Hernández Cardona.

Los estudiantes de Ayotzinapa no solían asistir a Iguala con frecuencia. Sin embargo, al enterarse de la desaparición de los líderes de la UPEZ, lo hicieron.

El mismo 3 de junio de 2013, diversas organizaciones, a las que se sumaron los estudiantes, se manifestaron frente al Palacio Municipal para exigir la presentación con vida de Cardona y sus compañeros. Para ese momento, aún no había trascendido la noticia de sus asesinatos.

Mientras los manifestantes protestaban frente al Ayuntamiento, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) contactó a Sofía Mendoza, esposa de Arturo Hernández Cardona, para que acudiera a identificar los cuerpos.

Ahí se percató de que, en efecto, eran los integrantes de la Unidad Popular y tenían señales de tortura. La información se difundió y llegó a los manifestantes, lo que enardeció la protesta.

De acuerdo con un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) publicado en septiembre de 2015, de los casi 500 manifestantes que había en Iguala, un grupo pequeño ingresó al edificio que había sido desalojado tres horas antes por órdenes de Abarca. Rompieron vidrios y ventiladores, golpearon puertas y sacaron los extinguidores del inmueble.

Ahí mismo fueron velados durante varios días los cuerpos de los luchadores sociales desaparecidos, torturados y ejecutados.

Según se puede leer en el informe presentado por Alejandro Encinas este 18 de agosto, tanto José Luis Abarca como integrantes de Guerreros Unidos amenazaron a los estudiantes de Ayotzinapa después de que tomaran las oficinas del Ayuntamiento.

“El alcalde y miembros de Guerreros Unidos [...] advirtieron a los “ayotzinapos” que no regresaran porque enfrentarían las consecuencias”, establece el documento.

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