Amnistía Internacional y Humar Rights Watchs (HRW) urgieron a los diputados mexicanos “archivar” la iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), misma que impondría “graves limitaciones” al trabajo de este sector.
De acuerdo con el comunicado conjunto, este proyecto, impulsado por Reyna Celeste Ascencio, legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) violaría las obligaciones de México conforme al derecho internacional, para garantizar este derecho.
Recordaron que esta iniciativa prohibiría que organizaciones sin fines de lucro intenten modificar la legislación, ya sea mediante cabildeo o litigio estratégico, si reciben financiamiento directa o indirectamente de gobiernos o corporaciones extranjeras.
Además, alertaron que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) podría revocar el reconocimiento como organizaciones sin fines de lucro a aquellas que violaran dicha prohibición.
“En la práctica, esta propuesta podría impedir que defensores de derechos humanos en México participen en debates sobre políticas públicas, impugnen leyes abusivas ante los tribunales o presenten información a diputados sobre cómo mejorar las protecciones de derechos humanos”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
Asimismo, detalló que esta estrategia es muy similar a las que se han visto en países con “líderes autocráticos”, como Rusia , Nicaragua o El Salvador, con la cual buscan expandir las facultades del ejecutivo a expensas de libertades fundamentales.
“Las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos que denuncian leyes y prácticas gubernamentales injustas, que desafían a los que están en el poder y que exigen justicia son, cada vez más, objeto de ataques en toda la región”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
También señaló que el proyecto de ley refleja una “preocupante tendencia política” en las narrativas tóxicas que demonizan a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) con la intención de silenciar los puntos de vista críticos e inhibir la capacidad de las personas defensoras de derechos humanos para escrudiñar a las instituciones del Estado.
El documento advirtió los constantes ataques que AMLO realiza contra las organizaciones que defienden los derechos humanos, el medio ambiente y la transparencia gubernamental. Y aunque sus ataques, mencionaron, es contra personas y organizaciones específicas, también ha impulsado el principio de “no intervención” para afirmar que los donantes internacionales y organismos de cooperación internacional deberían dejar de financiar a organizaciones de la sociedad civil mexicanas.
Finalmente, Amnistía Internacional y HRW profundizaron en dos aspectos preocupantes en el gobierno de la Cuarta Transformación. El primero es la desaparición del fondo que financiaba el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
“También ha demonizado e intimidado a periodistas independientes, los ha acusado públicamente de mentir, se ha referido a ellos como ‘hampa’ y ha difundido públicamente información personal delicada sobre un periodista que lo había criticado”, se lee en el posicionamiento.
El segundo punto de alerta han sido los constantes intentos de López Obrador para manipular el sistema judicial con el objetivo de perjudicar a sus adversarios, al impulsar una reforma para ejercer mayor control sobre los tribunales.
Otras acciones que llamaron la atención de estas organizaciones fueron la consulta popular de juicio político contra los ex presidentes, las propuestas para eliminar instituciones independientes que “operan como controles del poder ejecutivo”, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Debido a este ambiente perjudicial para ejercer el periodismo o activismo, urgieron a las autoridades cerciorarse de que los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades sin enfrentar represalias, amenazas, intimidación, hostigamiento, discriminación u obstáculos legales innecesarios.
“En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos se reconoce el derecho de estos a proponer cambios jurídicos y normativos, a proporcionar representación legal para la defensa de los derechos humanos, a presentar quejas formales ante instituciones gubernamentales y a que esas quejas sean atendidas”, sentenció el comunicado.
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