El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec) expresó su preocupación e indignación por las denuncia emprendidas por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), acusados de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada.
A través de un comunicado dirigido “a la comunidad en general”, la universidad privada señaló: “En el Tec de Monterrey compartimos la indignación y preocupación de la comunidad académica, por las desmedidas acusaciones y acciones legales contra 31 investigadores e investigadoras que, a lo largo de su carrera, han estado comprometidos con el trabajo científico de calidad”.
“La investigación en cualquier disciplina debe contar con un entorno que promueva su florecimiento en beneficio del país, y en el que las autoridades respeten el Estado de Derecho y la presunción de inocencia”, finalizó.
Las acusaciones contra los investigadores del Conacyt han desatado un rechazo colectivo, aún entre algunos miembros del gobierno de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que la consideran un exceso.
Algunas voces han asegurado que las acciones de la FGR son una especie de venganza de Alejandro Gertz Manero debido a que los denunciados habrían rechazado al fiscal como investigador.
Y es que, desde el año 2010, Gertz Manero había intentado ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), pero el Conacyt lo rechazó al considerar que tenía “insuficiente producción científica” y “no demostró una productividad para la generación y transmisión de nuevos conocimientos”, los cuales son requisitos principales establecidos en el reglamento.
Fue entonces que Alejandro Gertz llevó el caso a los tribunales federales, pero el Consejo del Conacyt confirmó la negativa en cuatro ocasiones más.
Pero 11 años después, ya bajo la administración de María Elena Álvarez-Buylla al frente del Conacyt, Gertz Manero fue admitido al SIN con un nivel III “por su obra y su trascendencia nacional e internacional”. Lo logró sin pasar por los niveles de Candidato I y II, como el resto de los investigadores que se postulan.
En octubre de 2018, antes de que María Elena Álvarez-Buylla fuera directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), se filtró en redes sociales un oficio con fecha del 24 de septiembre donde Álvarez-Buylla solicitaba al entonces director del Conacyt, Enrique Cabrero, suspender toda convocatoria abierta “que pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para el ejercicio 2019″.
Ya en el 2019, Álvarez-Buylla interpuso una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en donde denunciaba que el presupuesto otorgado al Foro Consultivo del Conacyt en la administración de Enrique Peña Nieto, excedió lo necesario para el cumplimiento de sus funciones, toda vez que, se utilizó para sostener a una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores, así como para gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos, entre otros.
Fue entonces que la Fiscalía General de la República acusó a los investigadores de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada. Además, pidió que fueran ingresados en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
Pero el pasado mes de agosto, un juez federal del penal del Altiplano, en el Estado de México, rechazó conceder las órdenes de detención por diversas inconsistencias. Entonces, la FGR hizo una segunda petición al asegurar que los implicados participaron en un esquema ilegal de asignación de recursos.
El miércoles 23 de septiembre, un juez federal negó en definitiva girar órdenes de aprehensión en contra de los investigadores acusados, por lo que la FGR se inconformó y aseguró que volverá a insistir.
En su resolución, el juez señaló que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt para después incorporarse a ella (Foro Consultivo), no es un hecho delictivo, ya que el estatuto del Conacyt lo autoriza.
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