Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que se planteará la realización de una propuesta “cuidadosa y respetuosa de la libertad” para la regulación de los medios de comunicación; esto ante la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la Ley General de Comunicación Social, popularmente conocida como “Ley Chayote”.
En ese sentido, AMLO recalcó la vertiente - dentro de esta situación - del cumplimiento de los derechos laborales para trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación; tema el cual señaló como una excepción en donde Gobierno podría interferir.
De otra manera, aseguró, se debe procurar que no se condicione la publicidad para “someter” o “hablar bien del Gobierno”.
“Hay periodistas que no tienen garantizados ni sus derechos básicos (...) Que los pueden despedir y no les reconocen ningún derecho. Eso sí, pero eso cae en la esfera del derecho laboral. Eso sí podría verse (...) Aquí no limitamos la libertad de expresión a nadie”, declaró en la conferencia de prensa.
Cabe mencionar que esta regulación, aprobada en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, tenía como objetivo reglamentar la propaganda gubernamental, de tal manera que se asegurara que el gasto a dicha materia fuera eficiente y transparente.
No obstante, la Corte consideró que dicha reglamentación no esclarece ni detalla los criterios “a los que debe estar sujeto el gasto en comunicación social”. Tampoco dispone de procedimientos concretos y reglas que garantice que el ejercicio del gasto cumpla con los criterios referidos.

Después de 3 años de litigio, este miércoles la Primera Sala le otorgó un amparo a Artículo 19 en donde considera como anticonstitucional la Ley General de Comunicación Social de 2018.
Tras una unanimidad con 4 votos a favor, las y los ministros estimaron que dicha ley otorga al gobierno federal una “enorme discrecionalidad” para ejercer su gasto en difusión.
En consecuencia a esto, el Congreso de la Unión tendrá como deber subsanar las omisiones encontradas en la norma o derogarla y aprobar una nueva en el periodo ordinario de sesiones, el cual termina en diciembre.
Por su parte, la organización civil Artículo 19 celebró este hecho a través de su cuenta oficial de Twitter en donde señalaron que “esta sentencia es un paso adelante para el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión”.

La “Ley Chayote” fue promulgada el 11 de mayo de 2018 por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, en la que se ordenó al Poder Legislativo regular la publicidad oficial para que los recursos destinados a este fin promuevan “la pluralidad mediática y la libertad de expresión”, en lugar de permitir el gasto discrecional.
Esta establece que el gasto del gobierno en publicidad debe observar los criterios de eficiencia, economía, transparencia y honradez, respetando topes presupuestales específicos.
El dictamen fue aprobado en la Cámara alta, con lo que dio cumplimiento a una sentencia de la SCJN que, en noviembre de 2017, determinó que la omisión legislativa para emitir esta norma viola la libertad de expresión, de prensa y de información de los mexicanos.
En México, el gasto publicitario de los entes públicos históricamente ha sido utilizado para promover la imagen y acciones del gobernante en turno, es decir, las políticas de comunicación social no han tenido como objetivo proporcionar un servicio de información a los ciudadanos, sino enaltecer lo que hacen los funcionarios.
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