
La Fiscalía General de la República (FGR) informó la noche de este 5 de junio que iniciará el procedimiento migratorio correspondiente tras conocer la detención del exmilitar mexicano Enrique Martínez Chávez, vinculado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Las autoridades estadounidenses notificaron a la Fiscalía federal sobre el aseguramiento, afirmando que Martínez no pudo acreditar su legal estancia cuando se encontraba en Hawthorne, California.
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La FGR se enteró de la detención a través de la comunicación internacional
La fiscalía indicó que, con base en la comunicación internacional, las autoridades estadounidenses le notificaron el aseguramiento de Martínez Chávez. Además, detallaron que el exmilitar permanece en el Centro de Procesamiento ubicado en Rancho Road, en Adelanto, California.
Martínez Chávez cuenta con una orden de aprehensión vigente en México, librada por una juez en el Estado de México por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas.
La FGR detalló que continúa con la indagatoria para determinar su probable participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
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Martínez Chávez formaba parte del grupo de soldados que patrulló Iguala
De acuerdo con reportes previos de Infobae México, el exmilitar detenido, de 32 años, formaba parte del grupo de 12 soldados que acompañaron al capitán José Martínez Crespo en patrullajes nocturnos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Enfrentaba órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada, relacionadas con supuestas amenazas a estudiantes que se refugiaban en el Hospital Cristina.
En 2022, el Sistema Integral de Información en Derechos Humanos publicó información sobre la cancelación de órdenes de aprehensión contra 16 militares, entre ellos Martínez Chávez. Para junio de 2023, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, reactivó las órdenes de captura por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
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Ese mismo mes, ocho militares recibieron auto de formal prisión tras ser capturados por los mismos delitos. Los hechos fueron informados por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, a través de redes sociales.
La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudieron a Iguala para “tomar” autobuses con el objetivo de participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México.
La retención temporal de autobuses era una práctica habitual en Guerrero, con aval tácito de empresas y autoridades, según el Prodh.
Esa noche, policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad. Auxiliados por otras corporaciones y por civiles integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, lograron cerrar el paso a cinco autobuses y detener a 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos.
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El saldo fue de 43 jóvenes desaparecidos, 6 personas ejecutadas —entre ellas 3 normalistas—, al menos 40 lesionados y más de 180 víctimas directas de violaciones a derechos humanos.
Alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas.
De acuerdo con la teoría del “quinto autobús”, documentada por diversos medios de comunicación, uno de los camiones tomados por los estudiantes esa noche habría estado cargado con droga de los Guerreros Unidos. Esa circunstancia habría desencadenado la respuesta violenta del cártel y las autoridades corruptas.
Pablo Vega Cuevas, alias “El Transformer”, jefe de la célula de Guerreros Unidos en Chicago, coordinaba envíos de heroína desde Guerrero hacia Estados Unidos utilizando autobuses de pasajeros.
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