
Michoacán es actualmente uno de los principales focos rojos en el país en lo que se refiere al tema de seguridad. Últimamente la violencia en esa entidad se ha recrudecido convirtiéndola en escenario de lo más crueles ataques y agresiones patrocinadas por el crimen organizado. Y el lastimoso resultado ha hecho que el estado registre cifras récord de homicidios en lo que va de este 2021.
Y es que las consecuencias del azote de violencia en esa entidad sobrepasan los límites de la llamada Tierra Caliente. De acuerdo con lo reportado por el diario mexicano Milenio, al menos 21 municipios que se encuentran fuera de esa zona han registrado alzas en la cifra de homicidios, aumentos entre el 100 y 400 por ciento en comparación a los números registrados en mismos meses de hace un año.
Lo que es un hecho, indican es que se trata de lugares estratégicos para el narcotráfico, así como para el robo de combustible. Dichas actividades delictivas se llevan a cabo con mayor frecuencia en la zona del Bajío, pues casi la mitad des esos municipios están pegados con estados como Colima, Jalisco, Guanajuato y Estado de México.
En tanto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arroja, con sus cifras, que en los referidos 21 municipios de Michoacán se han cometido 214 asesinatos entre enero y mayo del presente año, mismos que hace un año registraban en el mismo periodo 84 asesinatos en manos del crimen.
Y por zona, en la que más aumento se ha registrado es en los municipios de Charo y Tingüindín, ahí los asesinatos se dispararon en un 400 por ciento respecto al 2020. Luego está el municipio de Cotija donde el aumento fue del 325 por ciento. Seguido de lo reportado en Contepec, Copándaro y Jungapeo, alza del 300 por ciento. Mientras que en los municipios de José Sixto Verduzco y Tocumbo el aumento de los homicidios por parte del crimen fueron del 200 por ciento en comparación con 2020.
Más municipios, señala el recuento del diario mexicano, que vieron duplicadas las cifras de asesinatos por criminales, entre el 2020 y el 2021 son Puruándiro, Irimbo, Panindícuaro, Salvador Escalante, Pátzcuaro, Sahuayo, Chilchota, Coahuayana, Jiménez, Jiquilpan, Maravatío, Zacapu y Zitácuaro.
Por otro lado, tras intentos fallidos por reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para exponerle esa problemática que enfrenta la entidad, específicamente durante las pasadas campañas electorales, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, llegó a Estados Unidos para denunciar la presunta participación del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio.
A través de su cuenta de Twitter, Aureoles Conejo compartió un mensaje de su arribo a Los Ángeles, California para iniciar una agenda de trabajo en los Estados Unidos.
“Tendré un primer encuentro con nuestros hermanos migrantes, con ese otro Michoacán que tanto representa para nuestro estado y para México”, señaló, seguido de un video en el que aseguró que iniciará una cruzada por las distintas instancias internacionales para denunciar lo sucedido en la pasada elección para gobernador en Michoacán.
“(…) En Michoacán hubo una narco elección y que en mi país, las elecciones estuvieron inducidas y manejadas por los grupos del crimen organizado. Eso no se puede quedar así, porque de concretarse esos resultados, en Michoacán regresa un narcogobierno y México se encamina a ser un narcoestado. Por eso no me voy a detener hasta que esto se limpie”, aseguró.
En seguida, a través de otro mensaje, precisó que en los próximos días acudirá a varias instancias internacionales y medios de comunicación para denunciar la intervención del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio.
Momentos después, a través de un video de más de dos minutos de duración, Silvano Aureoles dio a conocer su reunión con migrantes michoacanos que radican en Los Ángeles, y quienes -dijo- son líderes de la comunidad migrante en California.
Recordó que su encuentro con ellos forma parte de los compromisos cumplidos por su gobierno, aunque admitió que hay dos que ya no hay manera de concretar como el programa “Tres por uno” que apoyaba a los migrantes para realizar obras y acciones en sus comunidades, debido a que el gobierno federal canceló el presupuesto destinado.
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