En lo que va de 2021, la organización Causa en Común ha contabilizado 196 policías asesinados en el país y Guanajuato continúa como el estado de mayor letalidad contra agentes de seguridad.
Tan solo en la última semana hubo ocho ejecuciones de uniformados. El corte de Causa en Común es hasta el 18 de junio de este año y en comparación con el mismo periodo de 2020, actualmente hay una reducción de 70 casos.
Guanajuato registra 33 decesos de agentes del orden, le siguen el Estado de México con 23; Chihuahua, 18; Veracruz y Zacatecas 13, cada uno y en la Ciudad de México 11 homicidios dolosos de este tipo.
El pasado 27 de mayo, fueron localizados los restos desmembrados de un agente de la policía estatal en calles de Acámbaro junto con un narcomensaje. De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 horas, cuando se tuvo conocimiento sobre la escena de narcoterror.
Mediante el servicio de emergencias fue reportado que el cuerpo descuartizado de una persona se localizaba en el entronque a la comunidad de San Miguel de las Carpas y la carretera Acámbaro-Tarandacuao.
Junto a un tambo de basura estaban desperdigadas las piernas, brazos, el tronco y la cabeza del agente, quien previamente fue privado de la libertad por presuntos miembros del crimen organizado, mientras estaba en su día de descanso.
Por la cartulina localizada se presume que el asesinato habría sido ejecutado por sicarios del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL).
“Esto les va a pasar a todos los que apoyen a las perras flacas de Jalisco ni con gobierno pueden putos están viendo (sic)”, se alcanzaba a distinguir en el mensaje acomodado con piedras.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó y condenó el asesinato en contra del agente adscrito al Mando Único de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. El elemento fue secuestrado en el municipio de Coroneo.
Diez días antes del hallazgo en Acámbaro, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de la entidad, decretó las bases para otorgar medidas de seguridad a los efectivos de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad y aquellos de la Dirección General del Sistema Penitenciario ante las advertencias y ataques directos por parte de facciones del crimen organizado.
La disposición reciente no solo muestra que se ha llegado a un punto crítico en la escalada de violencia, sino que ya no hay garantías para las fuerzas del orden ni sus familias. De acuerdo con la justificación del gobernador, hay casos de desplazamiento forzado de oficiales, quienes han huido ante las amenazas del narco para salvaguardar su integridad.
Además, el Ejecutivo panista refiere que el hecho de acudir a las direcciones de los policías aumenta el riesgo para quienes viven con ellos. De ahí que se autorizó a la Secretaría de Finanzas para que disponga de recursos suficientes y pagar gastos de policías que hayan sido objetos de las amenazas.
En consecuencia se establecerá una Comisión Dictaminadora encargada de analizar el nivel de peligrosidad de cada advertencia para determinar si procede otorgar el apoyo, por cuánto tiempo y bajo qué modalidad.
Según la organización Causa Común, en 2020 se registraron 84 crímenes contra policías en Guanajuato. Con esa cifra es el tercer año consecutivo que el estado ocupa la primera posición a nivel nacional de agentes asesinados en México. Es decir, al mes se reportaron 7 casos en promedio.
En el 2018 fueron 66 policías los que murieron asesinados y en el 2019 se reportaron 73 casos. En 35 meses han perdido la vida 220 uniformados en esa entidad. El estado más letal para efectivos de seguridad en todo el país.
Datos de la Secretaría de Seguridad Pública federal indican que Guanajuato encabeza la lista por asesinatos en los primeros cuatro meses de 2021 con 1,263 casos.
Esta entidad, junto con Baja California y Colima concentran, a nivel proporcional, la mayoría de los municipios con más asesinatos, mientras que el Estado de México presenta la mayor incidencia de los crímenes de lesiones dolosas, robo con violencia y extorsiones, según el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
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