El legislador Damián Zepeda, del opositor PAN (Partido Acción Nacional), presentó este martes en el Senado una iniciativa para castigar con severidad a los funcionarios públicos que filtren carpetas de investigación o documentos de procesos penales.
El senador panista propuso durante la sesión a distancia de la Cámara Alta una iniciativa que reforma el Código Penal Federal, a fin de incluir como delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos la ejecución de actos de molestia no justificados y la apertura de carpetas de investigación sin sustento jurídico.
Además, el ex dirigente nacional del PAN propuso que se penalice con castigos de seis y hasta 12 años de prisión al servidor público, o al privado, que revele, comercialice o publique cualquier instrumento o documentos que obran en la carpeta de investigación o en un proceso penal. Las sanciones económicas irían desde los 45,000 pesos hasta los 90,000 pesos.
El legislador de Acción Nacional planteó incorporar a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), como supuestos de responsabilidad administrativa, los actos de molestia no justificados, la apertura de carpetas de investigaciones sin sustento jurídico y la filtración de información que obra en una carpeta de investigación o en un proceso penal.
Zepeda señaló que se ha vuelto una práctica cotidiana la filtración de informes que forman parte de las carpetas, lo que vulnera derechos humanos consagrados en la Constitución, así como el debido proceso y la presunción de inocencia.
“Lo que esta iniciativa busca es castigar severamente a aquellos servidores públicos que abusen de su poder, que abusen de su autoridad y, en específico, que hagan investigaciones sin tener sustento y las desarrollen, que lleven a cabo actos de molestia de autoridad hacia los particulares, hacia los ciudadanos, sin tener sustento, y que filtren o que divulguen información que es reservada”, expresó.
“No puede permitirse que un funcionario público emita actos de molestia sin fundamento o, incluso, ponga en riesgo la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público, y con ello, propiciar impunidad al no poder ser procesada la persona imputada”, añadió.
El senador explicó que, sumado al principio de presunción de inocencia, en México toda persona tiene la garantía del debido proceso para asegurar o defender sus derechos y libertades cuando es acusada de cometer un delito.
“Esto quiere decir que la autoridad debe conducirse de acuerdo con lo que establecen las leyes y cumplir sus funciones de forma objetiva, prohibiendo cualquier acto de intimidación, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgos injustificados” explicó.
Y es que para Zepeda, el sistema de justicia mexicano “realmente está colapsado”, con una ciudadanía que no denuncia por falta de confianza en las instituciones y, por otro lado, con la impunidad como respuesta. “En muchas ocasiones, es una persona culpable y no es castigada, y en otras ocasiones, personas inocentes sí son castigadas”, aseveró.
La iniciativa fue enviada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.
En los últimos meses, se han visto casos representativos de este tipo de filtraciones, como la publicación de la denuncia contra ex presidentes de Emilio Lozoya, el ex director de Petróleos Mexicanos acusado de diversos delitos como lavado de dinero y cohecho, y una parte de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
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