La investigación en torno al caso Odebrecht en México es una de las más relevantes en cuanto a corrupción y si bien el Instituto Nacional de Acceso a la Transparencia (INAI) ganó los amparos que había promovido la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de dos resoluciones en las cuales se les ordenaba abrir la carpeta de investigación, esta dependencia no lo ha hecho.
Anteriormente, jueces y tribunales federales habían revisado los casos y su decisión fue la de dar suspensiones provisionales al proceso de transparencia, sin embargo, de acuerdo con el último juicio de amparo que se cerró en noviembre, determinaron desechar las demandas, acción con la que confirmaron la legalidad de las órdenes del INAI.
El argumento a través del cual los jueces llegaron a esta determinación, según reportes del portal Animal Político, es que los comisionados del INAI tenían una correcta interpretación respecto a la desclasificación del expediente del caso Odebrecht para que fuera de acceso público. No obstante, la Fiscalía no ha entregado la información y datos que personas y organizaciones han solicitado.
Y es que si bien este tipo de documentos son reservados, es importante destacar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública tiene en cuenta ciertas excepciones, entre ellas los casos de corrupción grave en los cuales es más relevante el interés público que la posible afectación a particulares.
Respecto a Odebrecht, el medio de comunicación destacó que en un caso de esta naturaleza, la información pública es de suma relevancia, pues a través de estos documentos se conocen acciones de servidores públicos que pudieron haber incurrido en hechos indebidos, pero además es posible fiscalizar la actuación de las autoridades que se encargan de estas pesquisas.
Otro de los asuntos que se estableció a partir de la decisión de los jueces fue la desestimación de mantener cerrado el expediente, lo cual se buscó por medio de un amparo promovido por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin.
A mediados de diciembre del año pasado, Javier Acuña Llamas, entonces comisado presidente del INAI, durante un evento para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, reprochó que la Procuraduría General de la República y la ahora FGR hayan desatendido las instrucciones del instituto respecto al caso Odebrecht.
“Nosotros desde 2017 estuvimos haciendo todo lo que podíamos como pleno para abrir Odebrecht. Ya lo dije, más de 23 veces; sin embargo, a partir del 1 de diciembre de 2018, el primer responsable de la FGR, don Alejandro Gertz Manero, recibió como herencia la penosa y lamentable circunstancia de Odebrecht, que no había cumplido las resoluciones del INAI”, declaró.
Durante esa misma oportunidad, el funcionario señaló que los argumentos que impedían el acceso a esta información pública se basaban en que al entregar los documentos se quebrantaría “los principios del debido proceso o la presunción de inocencia, por lo que a la fecha no se han cumplido las resoluciones del INAI”, reclamó.
Además, destacó que la revelación de la denuncia del entonces fiscal Electoral, Santiago Nieto, respecto a que el dinero de los sobornos de Odebrecht se usó para financiar la campaña de Peña Nieto, dio elementos jurídicos al INAI para que el caso fuese considerado un asunto de corrupción grave, por lo cual se debía abrir, ya que era de interés público.
Por su parte, el presidente López Obrador ha buscado desaparecer al INAI e incluso lo ha acusado de emitir órdenes para reservar la información del caso Odebrecht y hasta lo ha descrito como un organismo “tapadera”; sin embargo, dichas declaraciones son falsas.
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