AMLO insistió en desaparecer el INAI: son “tapaderas”, “organismos alcahuetes” y “caros”

La propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre eliminar organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha generado relevantes polémicas, pero el mandatario defendió su iniciativa y dijo que “tener transparencia no significa que haya un aparato burocrático para este objetivo”.

Durante la conferencia de prensa matutina del 8 de enero mencionó que se va a llevar a cabo un análisis minucioso “de lo que más conviene” en este tema e incluso aseguró que el INAI “se creó para la transparencia y no hubo transparencia. Se reservaban los asuntos que no les convenía que se supieran”.

También mencionó ejemplos en los cuales se ocultaron documentos. En el sexenio de Vicente Fox, dijo, se mantuvo en reserva la condonación de impuestos a grandes empresas. Asimismo, señaló que “el expediente de Odebrecht lo reservaron, lo guardaron, no se transparentó y esto fue una decisión del instituto de la transparencia”.

López Obrador calificó que estos organismo autónomos “son como tapaderas, son como organismos alcahuetes, así como hay intelectuales alcahuetes del régimen que justifican todo, para eso se crearon y además cuestan mucho. No sirven, no benefician al pueblo, pero sí cuestan mucho para mantenerlos”.

Acerca de este tema, aseguró que para mantener al Instituto de la Transparencia se necesitan “como 1,000 millones de pesos”, mientras que para el Instituto Federal de Telecomunicaciones “como 1,500 millones de pesos”.

En este sentido aseguró que la iniciativa de que los organismos pasen a ser parte de otras secretarías de gobierno que ya existen se propuso con la finalidad de que haya ahorros y el dinero que utilice para la atención del pueblo.

“Nosotros queremos ahorrar para que todo lo que se obtenga se le destine al pueblo, se utilice para el desarrollo, que no tengamos que aumentar la deuda, que no tengamos que cobrar más impuestos, que no tengamos que decretar gasolinazos. ¿Cómo le hacemos? Ahorrando, actuando con eficiencia en la administración pública”, comentó desde Palacio Nacional.

También indicó que de aprobarse su propuesta, los trabajadores de los organismo no se van a quedar sin empleo, pues “se les va a garantizar su trabajo. Vamos a buscar la forma de hacer eficiente y no onerosa la administración pública”.

Respecto a cómo se garantizará la entrega de información pública, López Obrador dijo que todas las dependencias y funcionarios estarán obligados a dar los documentos en 72 horas y no existirá ningún tipo de reserva. Asimismo, mencionó que el trabajador que no entregue los datos solicitados, será sancionado.

“Nosotros no tenemos nada que ocultar y la vida pública debe ser cada vez más pública”, sentenció y para ejemplificar esto mencionó la solicitud que hicieron respecto a por qué su hermana fue atendida en un hospital militar por un caso grave de COVID-19.

Cabe mencionar que recientemente, organismos de la sociedad civil se pronunciaron en contra de esta iniciativa y aseguraron que eliminar este tipo de organismos representaría “un grave retroceso en materia de derechos humanos en México”.

Aseguraron que desde estos espacios de acción se impulsa constantemente la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Sobre todo, expresaron su preocupación por las palabras que el presidente ha reiterado en sus conferencias de prensa.

En ellas ha dicho que una de las opciones del Gobierno Federal es considerar que el IFT sea absorbido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), mientras que el INAI pasaría a formar parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o incluso la Fiscalía Anticorrupción.

“Resulta preocupante debido a que los organismos constitucionales autónomos cumplen una función como contrapesos al poder frente a las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales como de servidores y servidoras públicas”, escribieron en un comunicado.

Señalaron que las instituciones que pretenden desaparecer funcionan actualmente como herramientas ciudadanas para ejercer derechos clave como la libertad de expresión y el derecho a la información.

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