El pasado 15 de diciembre, durante la presentación del informe de labores del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación, el canciller Marcelo Ebrard reiteró que, en 2021, México sintetizará su propia vacuna contra el SARS-CoV-2.
Para hacerlo, el canciller confirmó que el gobierno federal apoyará con recursos económicos a las instituciones que están desarrollando un proyecto viable. Ebrard dio el primer anuncio al respecto desde finales de agosto. Dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores había abierto un fondo junto con entidades extranjeras y de fundaciones del sector privado.
La repartición de fondos comenzó un mes después, en septiembre. La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) anunció la firma de un acuerdo que significó los primeros 3 millones de pesos para continuar el desarrollo de su vacuna.
En agosto, Infobae México reportó que la institución había financiado la investigación científica de su vacuna con recursos propios y que el proyecto desde su propuesta hasta la síntesis de la vacuna costaría cerca de 49 millones de dólares.
El diario Milenio organizó el encuentro virtual “México en la carrera por la vacuna COVID-19”, ahí, el doctor Juan José Mosqueda de la UAQ dijo que no podrían comenzar las pruebas clínicas de su vacuna si no lograban procurar más financiamiento.
Desde julio, Infobae reportó que el proyecto del Instituto de Biotecnología de la UNAM (IBt-UNAM), encabezado por la doctora Laura Palomares, había recibido apoyo del Gobierno de la Ciudad de México para terminar su fase preclínica, pero que no podría ir más allá.
Los representantes de los otros proyectos mexicanos hicieron eco de la advertencia. La mayoría estima que, para comenzar sus pruebas clínicas, necesitan al menos 1 millón de dólares. Los proyectos mexicanos, entonces, tuvieron un empujón económico mínimo en septiembre que fue usado para investigación molecular y no han podido avanzar desde entonces.
El IBt-UNAM desarrolla una vacuna recombinante, que extrae información genética de los anticuerpos que los pacientes recuperados de COVID generaron durante el ciclo de la enfermedad.
La UNAM también participa en otra vacuna junto con la empresa Avimex y el Instituto Mexicano del Seguro Social. En esa vacuna basada en una plataforma de uso veterinario, las proteínas que tienen afinidad con el SARS-CoV-2, es decir, los anticuerpos que “encajan” y lo neutralizan, tendrían que ser separadas de la información genética del animal del que fueron extraídas porque ésta puede tener efectos adversos en humanos.
El proyecto del TEC de Monterrey y la Universidad Autónoma de Baja California es una vacuna de ADN que consiste en encontrar el código del virus y “apagarlo”. Después, introducen el antígeno, que es un bloque de información afín a la del virus, al cuerpo para que los linfocitos adopten ese código y aprendan a combatir el virus.
En la vacuna de péptidos de la UAQ y el Instituto Politécnico Nacional, tanto la partícula como el transporte son confecciones sintéticas diseñadas específicamente para tener afinidad con el virus.
Todos estos proyectos solicitaron financiamiento a diversas instancias. Además de pedir recursos a la SRE, enviaron solicitudes a CEPI, una organización de la Fundación Bill & Melinda Gates, que lanzó dos convocatorias para que distintas empresas o centros de investigación solicitaran recursos para avanzar sus proyectos de creación de vacunas. Ninguno ha recibido la aprobación.
Finalmente, solicitaron que sus investigaciones de vacunas fueran acreedoras a los fondos COVID del Conacyt. De acuerdo con la rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, la organización científica nacional respondió que los fondos estaban destinados a investigación en tecnologías y tratamientos, no vacunas.
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