Chihuahua, el primer estado que tuvo que regresar al semáforo epidemiológico rojo debido al aumento de contagios y muertes por COVID-19, aprobó este jueves que el uso del cubrebocas en toda la entidad sea obligatorio: los infractores podrían pagar hasta multas y horas en la cárcel.
El Congreso local pasó con una amplia mayoría el dictamen con carácter de decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso Obligatorio de Cubrebocas y demás Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad COVID-19 en Chihuahua.
La legislación, impulsada por el gobernador del PAN (Partido Acción Nacional) Javier Corral, fue aprobada con 22 votos a favor, siete en contra, una abstención, una persona que no votó y dos ausencias en el Congreso chihuahuense.
El decreto indica que “el uso de cubrebocas es obligatorio para todas las personas que se encuentren en el territorio del Estado de Chihuahua, en vías y espacios públicos o de uso común, en el interior de establecimientos ya sea de comercio, industria o servicios, centros de trabajo de cualquier ramo, centros comerciales, considerados como esenciales o no esenciales”.
Además, la población general deberá utilizar un “cubrebocas higiénico" cuando no sea posible aplicar las medidas de contención como el distanciamiento físico, mismo que tendrán que usar las personas que tengan más de 60 años y aquellas personas con enfermedades cardiovasculares y otras concomitantes.
La ley define el cubrebocas higiénico como aquel que está hecho de una variedad de telas, tejidos o sin tejer, de materiales como el polipropileno, algodón, poliéster, celulosa, seda o nailon. “Se recomienda que cuenten por lo menos con tres capas, debiéndose evitar el uso de cubrebocas confeccionados con material elástico”, reza el texto, consultado por Infobae México.
Las únicas excepciones que estarán excluidos de la obligación decretada este jueves serán los menores de dos años; “cualquier persona que tenga problemas para respirar”; y personas que no puedan quitarse el cubrebocas sin ayuda. También deberán usarlo funcionarios públicos de todas las dependencias y los Poderes, además de los conductores de transporte público.
Las personas que no cumplan con las medidas sanitarias recibirán, en primer lugar, una amonestación con apercibimiento; después, se les entregará material médico para cumplir con la obligación de portar cubrebocas; recibirán una multa (desde 400 pesos para personas físicas y hasta 2,200 para personas morales), clausura temporal o definitiva, parcial o incluso total de establecimientos; arresto hasta por 12 horas.
El arresto, precisa la ley, se utilizará como sanción cuando se hayan agotado el resto de castigos y “la persona interfiera o se oponga al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria” y también “a la persona que, en rebeldía, se niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad sanitaria, provocando con ello un peligro a la salud de las personas”.
Y es que hace un par de semanas, Chihuahua fue la primera entidad en México que volvió al semáforo epidemiológico rojo después de haber avanzado al naranja desde que se implementó el formato en junio pasado. El color rojo indica que se está ante el riesgo máximo de contagios y muertes por COVID-19.
Hasta este miércoles, Chihuahua contaba con 31,399 contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia a finales de febrero. Además, acumula 2,544 defunciones y 5,842 casos sospechosos. A nivel nacional, México acumula 991,835 personas con COVID-19 y 97,056 muertes causadas por la enfermedad.
Los reportes locales indican que los hospitales de la entidad, ubicada en el norte de México y fronteriza con Estados Unidos, se encuentran al borde del colapso o ya han rebasado su capacidad. Las autoridades han pedido a la población que disminuya al máximo sus salidas, debido a que los índices de movilidad permanecen altos a pesar de la situación.
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