El Senado mexicano celebró este miércoles su primera sesión a distancia de su historia, empujado por la pandemia de COVID-19 que afecta al mundo entero y debido a los recientes contagios de coronavirus que se han presentado entre legisladores.
Durante la sesión, de casi tres horas y media de duración, los senadores de todos los grupos parlamentarios presentaron una serie de propuestas e iniciativas, además de que se realizaron y recibieron distintas comunicaciones. Sin embargo, en este tipo de reuniones del Pleno, todavía no es posible realizar votaciones, ni para aprobar o rechazar leyes ni para nombramientos.
Más allá de las dificultades técnicas esperadas en la implementación inicial del formato de videoconferencia, como la contante interrupción por el ruido de micrófonos abiertos y la falta de práctica a la hora de respetar los tiempos determinados para hablar desde la “tribuna digital", los legisladores de las distintas bancadas propusieron varias iniciativas interesantes.
Nacionalización del litio
Alejandro Armenta, senador de Morena, el partido de la mayoría, presentó una iniciativa para reformar la Constitución mexicana y considerar al litio como “propiedad exclusiva de la nación”. El metal es uno de los productos más requeridos en el mundo debido a que se usa para el desarrollo de baterías de dispositivos electrónicos e incluso de automóviles, así como en el sector médico.
“Lo que hoy vale el litio en México es 4.5 veces el valor de la deuda externa soberana, que asciende a 11 billones de pesos. Ahí está una respuesta para darle solución al desastre económico que tenemos en nuestro país”, apuntó durante su presentación ante el Pleno.
La propuesta, precisó Armenta Mier, permitiría que la nación sea dueña de los medios de producción, explotación, extracción, comercialización, distribución y almacenamiento del metal. También se permitiría las concesiones a la iniciativa privada, pero preservando el bien público.
Mier resaltó que el estado de Sonora, en el norte del país, cuenta con el yacimiento de litio más grande del mundo, pero que México se lo está regalando “a los chinos, a los ingleses y los canadienses". “No estamos en contra de la inversión extranjera, que quede claro, estamos en contra del saqueo de nuestro país”, remarcó.
Regulación de trabajadores de plataformas digitales
La senadora del PAN (Partido Acción Nacional), Xóchitl Gálvez, presentó una iniciativa para regular en la Ley Federal del Trabajo la relación laboral, los derechos y las condiciones básicas que deben existir entre las empresas que desarrollan plataformas digitales y sus trabajadores que prestan el servicio.
La propuesta busca terminar con la controversia entre las plataformas digitales y las personas que las utilizan para laborar, dejando en evidencia que sí existe una relación laboral y que estas personas deben ser consideradas como trabajadores y, por lo tanto, deben tener acceso a las prestaciones de ley y a la seguridad social.
También, plantea que las condiciones de trabajo consten por escrito y estén visibles con acceso en la plataforma. Además, propone que los útiles, herramientas de trabajo, materiales, viáticos y demás elementos indispensables para la prestación del servicio sean suministrados por el empleador, salvo pacto en contrario.
La legisladora propone definir en la Ley quiénes son los trabajadores digitales, señalando que son los choferes, transportistas, repartidores, mensajeros, tenderos, gestores, encargados, ocupaciones transitorias u otras afines para uno o varios empleadores y a favor de uno o varios usuarios o consumidores, con ayuda de herramientas electrónicas a través de plataformas digitales.
Consultados hace unas semanas por Infobae México, compañías de este tipo de aplicaciones, como Cabify, aseguraron a este medio que “siempre” están abiertos a cualquier regulación “que promueva la sostenibilidad de la industria” y que beneficie sobre todo “a usuarios y conductores”.
Penas anticorrupción
El senador de Morena Salomón Jara dio a conocer este miércoles su iniciativa para establecer que los delitos por corrupción sean imprescriptibles, a fin de que el vencimiento de los plazos legales establecidos no sea un obstáculo para aplicar las sanciones correspondientes.
Es decir, que con la modificación a los artículos 109 y 114 de la Constitución, se garantice que los ilícitos contra la administración pública o el patrimonio del país no queden impunes, “toda vez que la magnitud, gravedad, trascendencia y efectos de tales acciones tienen un impacto determinante en la institucionalidad y en el desarrollo democrático del Estado”.
Por lo tanto, no importa el tiempo que pasara entre un delito de corrupción y la etapa de investigación y posible castigo, el delito no dejaría de poder imputarse. Actualmente, los plazos de prescripción van de cuatro a ocho años.
Abandono alimentario de los hijos como delito federal
La senadora de Morena Martha Guerrero propuso endurecer las penas para quienes cometan el delito de abandono alimentario de sus hijos o simulen insolvencia económica para evadir su obligación alimentaria, para que esta sea un delito de competencia federal.
En la iniciativa se señala que a quien sin motivo justificado abandone a sus hijos y deje de proporcionarle los alimentos o la parte de los alimentos a los que está obligado, se le apliquen de cuatro a ocho años de prisión y de 180 a 360 días multa, pérdida de la patria potestad, y pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.
Asimismo, establece que al que deliberadamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de cuatro a ocho años. A su vez, la iniciativa prevé que se considerarán delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Penal Federal referentes a la obligación alimentaria.
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