Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), está acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. Él enfrenta el proceso bajo libertad condicional y, hasta el momento, ha comparecido en dos ocasiones ante las autoridades mexicanas.
Es un caso en el que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha insistido prevalecerá la transparencia.
Al respecto del caso del caso, el periódico The Washington Post en el artículo de opinión titulado “Caso Lozoya: cuando la política le gana a la justicia”, describe cómo el presidente ha politizado la situación.
El artículo fue escrito por Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM y Javier Martínez Reyes, profesor asociado de la División Jurídica del CIDE.
Ambos refieren que la actitud del presidente ha sido como la de un ciudadano y no como la de un jefe de estado, y en sus declaraciones ha violado reglas del proceso legal.
Entre los hechos que se retoman es la reacción de López Obrador sobre el video que se difundió el pasado lunes 17 de agosto, en el que Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado y Guillermo Gutiérrez, también ex empleado de la Cámara alta, aparecieron recibiendo dinero de un supuesto ex funcionario de Pemex.
En tanto, Imagen Noticias dio a conocer que entre 2013 y 2014 fueron 80 millones de pesos lo que habría repartido el ex director de Pemex entre siete legisladores para emitir su voto a favor de la Reforma Energética, bajo la instrucción del ex mandatario Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
“Y si la filtración parece venganza política y sirve como tal, probablemente estemos frente a una que fue orquestada desde el poder. La filtración no busca una exitosa judicialización del caso, sino su mera politización”, se indica.
Asimismo, se retoman las declaraciones del mandatario de la conferencia matutina del 18 de agosto, en la que López Obrador indicó que los medios no le dieron la importancia al video y lo comparó la con lo sucedido con René Bejarano, según su percepción tuvo un mayor impacto mediático.
Lo cual significó una apreciación equivocada del mandatario porque prácticamente todos los medios nacionales se replicó el contenido, situación por la que lo proyectó en la conferencia y pidió a la población que lo viera.
“La referencia al video de Bejarano, secretario particular de AMLO cuando fue jefe de gobierno de la capital mexicana, y quien fue grabado recibiendo dinero de un empresario, sugiere que el presidente piensa que ha llegado el momento de su venganza”, se menciona.
Posteriormente, Juan Jesús Garza y Javier Martínez puntualizan que la presunción de inocencia se viola cuando los medios de comunicación difunden documentos o videos en los que personas son presentadas como “delincuentes”, entonces, lo que solicita el presidente es que la prensa sea cómplice de la violación del debido proceso.
Otro de los puntos que señalan, es que Andrés Manuel López ha dicho que se someterá a consulta si se enjuicia a los ex presidentes, situación que en la miran un problema.
Es una propuesta inconstitucional y contraria a los criterios de la Suprema Corte, explican, porque implica que el respeto y garantía de los derechos de las víctimas quedarían a disposición de las mayorías.
Lo que prevén es que el manejo del caso le podría redituar en apoyo electoral en los próximos comicios, porque no ser resolverá nada en materia de corrupción.
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