La pandemia de coronavirus ha impactado al mundo en todas las esferas posibles, desde lo social hasta lo económico, pasando por los psicológico y político. También causa estragos en México, no sólo por las decenas de miles de muertes, sino por la pérdida de millones de empleos y un aumento en la precariedad de las familias.
Frente a un panorama difícil desde todos los aspectos, las soluciones que propongan los distintos niveles de gobierno se tornan urgentes. Una propuesta para enfrentar los daños que ha traído la continencia sanitaria es el ingreso mínimo universal, un apoyo económico mensual para aquellos que hayan perdido su empleo o no hayan conseguido uno durante la epidemia de COVID-19.
Sin embargo, la iniciativa por ahora se mantiene como tal. La propuesta de un apoyo económico se ha visto atrapada entre el pantano burocrático del Congreso federal mexicano y la falta de voluntad política, que aunque ha cambiado en las últimas semanas, sigue sin cristalizar la idea en un proyecto realista.
Sin embargo, esto podría cambiar pronto y rápidamente. En el estado de Veracruz, un juez federal le concedió una suspensión de plano a una persona que, tras perder su empleo durante la pandemia, comenzó una demanda de amparo. A su vez, la autoridad jurídica ordenó al gobierno que le diera el apoyo económico necesario para una “existencia libre y digna”, lo cual podría acelerar la necesidad de una legislación en el tema.
La persona reclamó que la falta de medidas preventivas para cumplir con el derecho al mínimo vital pone en peligro su vida y su salud, así como la de sus dos hijos menores. Dicho derecho se violenta porque se enfrenta a la “discriminación” de no contar con acceso a ningún programa de fomento económico, apoyo o beca.
Además, señaló al estado por privarlos de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad porque las autoridades ordenaron el resguardo domiciliario, entre otras medidas de distanciamiento social, lo cual no le permiten salir a buscar otro empleo.
La persona también denunció la puesta en peligro de su vida y salud, así como la sus hijos, “al omitir proporcionarnos servicios médicos gratuitos”. “Esto, a pesar de que ya fui dada de baja como derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y es inminente la pérdida de derechos de seguridad social”, detalló. Con esto se omite también el derecho a la salud.
Por ultimo, la persona señaló al gobierno por su “omisión absoluta” a la hora de legislar en sus respectivas competencias, por no adecuar los ordenamiento internos a los Tratados Internacionales firmados en su momento por México.
En el fallo, consultado por Infobae Mexico, el juzgador concedió la suspensión de plano a la persona que interpuso el amparo “para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las medidas urgentes y esenciales para garantizarle un mínimo vital para su sobrevivencia humana y el de su familia, hasta en tanto subsista la contingencia de salud decretadas por las autoridades sanitarias de este país”.
El juzgador recordó que una de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), estableció que el mínimo vital “no debe ser contemplado únicamente como un mínimo para la supervivencia económica, sino también para la existencia libre y digna en la que queda abarcada la protección a la alimentación, vivienda, servicios de salud y de educación”.
Señaló también a las autoridades que la violación a este mandato “equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad”. “Ilícito que de llegar a consumarse, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación”.
En caso de que no se cumpla la medida, se les impondrá a las autoridades una multa por el equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA) vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, la cual podrá incrementarse dependiendo del actuar de las autoridades requeridas.
Este es el único caso de este tipo procesado hasta ahora por el abogado José A. Priego Miranda. Sin embargo, el maestro en derecho atenderá, dentro de sus posibilidades, más casos de este tipo, declaró a Infobae México en un correo electrónico.
Priego Miranda forma parte de un colectivo de abogados, autodenominado “Justicia COVID”. “Estamos presentando amparos en toda la República en favor de gente en estado de vulnerabilidad, por diversos temas”, detalló. Entre ellos se encuentran el mínimo vital, pero también resguardo domiciliario de médicos, personas necesitadas de medicamentos y tratamientos médicos.
El abogado confirmó que, aunque todavía no ha sido recurrida la decisión de juzgador en el caso del mínimo vital, sí esperan que sea impugnada. Sin embargo, aseguró que “la legislación en materia de mínimo vital a nivel Federal solo es cuestión de tiempo”.
La audiencia de este caso se llevará a cabo en agosto y aún resta por conocerse la sentencia de fondo. La suspensión, aunque concedida de plano, tendrá vigencia hasta que se resuelva el asunto.
“Yo radico en Veracruz, Veracruz. En la Constitución del estado ya está previsto el mínimo vital, en el artículo 6, último párrafo, y ya existe una iniciativa de Ley en la Legislatura del Estado, pero aún no aprobada. Estimo que cualquiera que la lea podrá entender la finalidad del mínimo vital”, manifestó.
El camino parece aclararse. Apenas la semana pasada, Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y con mayoría en el Congreso federal, mostró su respaldo a la iniciativa de un ingreso mínimo vital.
Su apoyo se sumó a la más de 100 diputados federales de todos los partidos políticos y varias docenas de senadores de incluir el tema en las discusiones para eventualmente presentarlo en el Pleno de ambas Cámaras. Sin embargo, uno de los problemas es que el gobierno carecería de fondos para establecer un programa de apoyos económicos de este tipo en 2020.
Pero la medida suspensional concedida a principios de julio por una persona en Veracruz podría abrirle la puerta de manera definitiva y contundente a la instauración del ingreso mínimo vital en todo el país.
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