El Inegi publicó un documento estadístico a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, que la ONU estableció el 9 de diciembre (Foto: Cesar Rodriguez/Bloomberg)
El Inegi publicó un documento estadístico a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, que la ONU estableció el 9 de diciembre (Foto: Cesar Rodriguez/Bloomberg)

Desde hace un años el combate contra la corrupción se ha institucionalizado, gracias a los cuales se creó el Sistema Nacional Anticorrupción. También es uno de los estandartes del Gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Aún así, 56.7% de la población la sigue considerando como uno de los problemas principales que enfrenta la entidad donde vive, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A propósito del Día Internacional contra la Corrupción, que se lleva a cabo el 9 de diciembre, el Inegi publicó un documento que ofrece estadísticas y una visión panorámica de la corrupción en el país. El dato que destaca es que la población percibe este acto como el tercer problema más importante que enfrentan en los estados donde viven, al colocarlo detrás de la inseguridad y la delincuencia.

El documento define a la corrupción como el abuso de la posición que alguien tiene en una organización para obtener beneficios de manera ilegítima. Se caracteriza por ser un acto realizado en secreto, involucra a varios actores y sus orígenes e impacto se reflejan en lo político, social, cultural y económico. De esta manera, se trata de un fenómeno multidimensional.

La proporción de personas que lo ven como un acto frecuente que ha ido en aumento con el paso de los años. En 2011, sólo el 83% de la población en México lo pensaba como una práctica frecuente, ese porcentaje pasó a 91.1% en 2017, de acuerdo con la última cifra proporcionada por el Inegi.

La gráfica muestra el aumento de dos puntos porcentuales en el porcentaje de actos de corrupción entre 2013 y 2017 (Gráfico: Inegi)
La gráfica muestra el aumento de dos puntos porcentuales en el porcentaje de actos de corrupción entre 2013 y 2017 (Gráfico: Inegi)

Ese año, el 14.6% de las personas mayores de 18 años dijeron estar en contacto con servidores público que cometió un acto de corrupción. De ese porcentaje, el 20.1% de los casos ocurrió en Ciudad de México, el 17.6% de Quintana Roo y el 17.2% de Morelos. Mientras que Guanajuato, Puebla, Veracruz, y Colima fueron las entidades con menos prevalencia del problema.

El porcentaje de víctimas de algún acto de corrupción se había mantenido más o menos constante entre 2013 y 2015, pero en los años posteriores la prevalencia aumentó dos puntos porcentuales. Pasó de 12.6 en 2015 a 14.6 en 2017 debido al incremento de casos en 20 entidades de 32 que hay en el país, es decir, más de la mitad de los estados de República tuvieron un repunte en el problema.

Esta situación se presentó a pesar de que en 2015 se comenzó a legislar a nivel federal para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que entonces se planteó como un mecanismo encargado de coordinar la política en materia de corrupción a nivel nacional.

Denuncias

La gráfica muestra los motivos por los cuales la gente no denuncia un acto de corrupción (Gráfica: Inegi)
La gráfica muestra los motivos por los cuales la gente no denuncia un acto de corrupción (Gráfica: Inegi)

Aunque la corrupción puede cometerse en cualquier lugar, el Inegi encontró que hay espacios más recurrentes donde se presenta el problema. El 59.5% de los casos en 2017 ocurrió cuando las personas tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, 30.7% mientras tramitaban permisos con la propiedad y 25.1% cuando realizaban trámites ante el Ministerio Público.

Para combatir la corrupción se requiere de una denuncia, pero en México el porcentaje de personas que da aviso a las autoridades correspondientes es mínima. De las personas que sufrieron algún acto de corrupción en 2017, el 82.6% no denunció el delito. La falta de confianza en las autoridades para atender el caso es uno de los principales motivos.

Pero también es cierto que las personas no denuncian porque también se ven beneficiadas o porque consideran que es una práctica común y desestiman su importancia. Ese fue el caso en casi tres de cada 10 víctimas.

Combatir el problema

La importancia del Sistema Nacional Anticorrupción, de acuerdo con el Inegi, radica en dar las herramientas para diseñar y crear instrumento enfocados en prevenir, controlar y sancionar los hechos de corrupción y ese esfuerzo se realice en coordinación de distintas instituciones en los tres órdenes de gobierno.

A nivel federal ya fue implementado y durante 2018 tocó el turno a los Gobiernos locales instaurar Sistemas Locales Anticorrupción para trazar acciones homogéneas en todo el territorio nacional.

El gráfico muestra la existencia de programas anticorrupción a nivel nacional de y los temas más incluidos (Gráfico: Inegi)
El gráfico muestra la existencia de programas anticorrupción a nivel nacional de y los temas más incluidos (Gráfico: Inegi)

El Inegi encontró que en 29 entidades del país mencionaban como uno de sus ejes rectores el combate a la corrupción en su Programa de Desarrollo Estatal, a pesar de ello no todas tuvieron un plan o programa específico para atender el problema. Es el caso de Colima, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Quintana Roo y Tabasco.

En las entidades donde sí incluyeron un plan anticorrupción, las principales acciones fueron capacitar con base en códigos de ética a personal y fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana. Los Gobiernos estatales han enfocado las acciones de prevención en establecer mecanismos como la declaración patrimonial, las áreas de compras gubernamentales y las áreas donde se canalizan las solicitudes de apoyo de programas sociales.

Las entidades que llevan la delantera en capacitar a los servidores públicos son Jalisco, San Luis Potosí y Campache. La más rezagada es Ciudad de México, donde el personal sólo está acreditado para hacer su declaración patrimonial. Durante 2018, se acreditaron 178,069 trabajadores del Gobierno en materia de anticorrupción.

Las principales faltas graves que se sancionaron en el país el año pasado fueron negligencia administrativa y omisión de la declaración patrimonial y/o conflicto de interés, la mayoría de ellas cometidas por servidores en el Estado de México, Baja California, Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Jalisco y Baja California Sur.

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