
El destino de las donaciones nacionales e internacionales por los terremotos de septiembre en 2017 en México es desconocido (Foto: AFP/ALFREDO ESTRELLA)
Después de que imágenes sobre el desastre que dejaron los terremotos del 7 y 19 de septiembre del 2017 en México, organismos internacionales y empresas privadas mexicanas realizaron donativos para labores de reconstrucción y apoyo a damnificados.
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Hasta este año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó la manera en cómo las instituciones cómo recibieron y distribuyeron las contribuciones monetarias y en especie, que en total sumaron más de 91 millones de pesos. Sin embargo, se descubrió que casi la mitad de los donativos tienen manejos y destinos opacos.
Tanto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como la Secretaría de Relaciones Exteriores, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tuvieron una mala coordinación y falta de transparencia en los registros sobre los donativos entrantes y su repartición.
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La ASF aseguró que "el Estado no garantizó que fueran entregadps en beneficio de la población damnificada (los donativos) ya que careció de un mecanismo ágil, transparente y efectivo para su recepción, administración, control, distribución y supervisión, en cumplimiento de la Ley General de Protección Civil", dicta el Marco de referencia sobre la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018.
Para la distribución de los recursos obtenidos existe el artículo 68 de la Ley General de Protección civil, en donde se establece: "Las autoridades correspondientes establecerán las bases y lineamientos, con apego a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos que se aporten con fines altruistas para atención de emergencias o desastres".
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Sin embargo, no se siguió el lineamiento. En su lugar, informa la ASF, se creó el Fideicomiso Fuerza México para canalizar las aportaciones. Pero no hubo claridad sobre cómo se utilizó el fondo, ya que al conjuntarse las instituciones públicas y el sector privado se le asignó éste último la labor de manejar los donativos, lo que impidió que los organismos gubernamentales recibieran directamente el dinero para asignarlo a las labores de reconstrucción.
Instituciones no realizaron registros precisos sobre el destino de las donaciones
El SAT informó que se entregaron 5.083 millones de pesos, de los cuáles se indica que 2.460 fueron distribuidos a las entidades afectadas por el terremoto, pero no hay información sobre el dinero del fideicomiso Fuerza México.
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La SRE tampoco realizó un registro de las donaciones monetarias ni en especie recibidas del extranjero. En los documentos de la institución están plasmados que se recibieron 12.267 unidades, 197,8 toneladas y 31.467,5 kilogramos; en apoyo técnico, 525 personas pertenecientes a grupos de búsqueda, rescate, estructuralistas, atención de emergencias y médicos, así como de 20 unidades caninas, y en dinero, 3.234.169,5 dólares americanos, 48.494 euros, 20,16 mdp y 600.000,0 dólares canadienses; pero ninguno de estos datos fueron constatados en el Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID), como está establecido en la ley que se realice.
Tampoco se informó con claridad qué recursos fueron destinados para la reconstrucción de instituciones educativas, de salud y viviendas.

Opacidad en la rehabilitación de escuelas dañadas
De las 19.194 escuelas dañadas tras el sismo, solamente se comprobó evaluación de deterioro en 41,2%, y se comunicó que se acabó con la reconstrucción en 62,7% de los planteles afectados, pero la Secretaría de Educación Pública (SEP) ni el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa poseen documentos para acreditar que las labores fueron realizadas y el costo de éstas.
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Poco avance registrado en reconstrucción de instituciones de salud
En el caso de los hospitales y clínicas la Secretaría de Salud registró que hubo un avance de 21,2% de la resarcimiento de los daños después de los sismos de septiembre de 2017, pero tampoco poseen documentos para comprobar que se acabó con los proyectos.
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Además, demostraron inconsistencias en los registros sobre los sitios dañados "en la evaluación de daños se identificaron 39 unidades médicas afectadas, en los diagnósticos se contabilizaron 132, mientras que en el programa de obras se registraron 44 inmuebles", según el informe de la ASF.

Confusión en los datos sobre viviendas afectadas y damnificados
También hubo opacidad en las viviendas afectadas y reconstruidas. En la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) no hubo un padrón sólido sobre el número de viviendas que sufrieron daños o pérdidas totales por los sismos. Las cifras van de 172.057 inmuebles dañados, a 168.256, dependiendo del registro consultado (aunque hayan sido emitidos por la misma institución).
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Además, el organismo público señaló que se entregaron 166.872 tarjetas con apoyo financiero para los damnificados para la reconstrucción de sus hogares, lo que representaría 8.157,37 millones de pesos. Sin embargo, en la revisión de la información realizada por la ASF, se detectó que fueron entregadas 2.378 tarjetas con un total de 117,820 millones de pesos a personas que otorgaron información confusa sobre su estado como damnificados.
La misma institución no supervisó la reconstrucción de las viviendas. Solamente reportaron haber verificado 59.38 inmuebles mientras que los dañados fueron 171.494.
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