El traslado de más de 500 reos que esta madrugada tomó por sorpresa a la zona metropolitana de Monterrey, en el estado de Nuevo León, generó disturbios dentro y fuera del Penal de Topo Chico, dejando al menos 13 heridos y una persona fallecida por arma de fuego.
Mientras los internos ondearon ropa como señal de protesta desde las ventanas del inmueble, decenas de familiares causaron disturbios en el exterior para exigir información sobre el traslado; tiraron de la puerta principal, arrojaron objetos y bloquearon la avenida Aztlán.
Desde las 21:00 horas de este martes empezó el operativo en las cárcel de Cadereyta, posteriormente en Apodaca y a las 23:00 inició en el Penal de Topo Chico. Aproximadamente a las 4:00 horas empezaron a salir los autobuses con los internos hacia las penitenciarías federales de Gómez Palacio, Durango, y de Ramos Arizpe, que se encuentra en el estado de Coahuila.
Más tarde, las autoridades explicaron que el objetivo de esta acción era terminar con el "autogobierno", el cobro de cuotas, los motines y los homicidios, incluso masivos, que han sido recurrentes en la última década en los penales de Nuevo León.
Familiares exigieron una explicación a las autoridades (Crédito: Especial)
Eduardo Guerrero, asesor penitenciario del gobierno estatal, dijo que con este operativo esperan acabar con el control de la delincuencia organizada, además de generar una mejor calidad de vida a los demás internos que son extorsionados por reos de distintos cárteles.
Hace casi 6 meses los internos subieron a la azotea de la cárcel para realizar una protesta. Según el diario mexicano El Universal, los reos pidieron el traslado de dos reclusos identificados como "El Flaco" y "El 27", quienes amparados por el Cártel del Noreste, ecisión de los zetas, presuntamente implementaron un régimen de extorsiones y torturas al interior.
"Todavía hay crimen organizado en el sistema penitenciario y éste es un esfuerzo de reingeniería penitenciaria del gobierno de Nuevo León para recuperar el control y que en adelante sean centros de reinserción donde la autoridad mande", expresó en un comunicado.
Sin embargo, esta no es la primera vez que los disturbios se apoderan del penal, que fue considerado en 2017 por organizaciones civiles y de derechos humanos, entre ellas The Washington Office on Latin America (WOLA), como una de las cárceles más peligrosas de América Latina.
Un diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2017 señala que en este lugar no existen condiciones de gobernabilidad, no hay una estancia digna ni programas de reinserción social.
El motín que dejó 49 muertos en 2016
El miércoles 10 de febrero de 2016 hubo una revuelta sangrienta que provocó la muerte de 49 reos.
Los videos de las cámaras de seguridad, que tienen más de una hora de duración, mostraron cuando un par de internos fueron asesinados a golpes y el momento en el que decenas de hombres prendieron fuego en el área ampliada del reclusorio, la cancha de fútbol y el patio principal.
El Gobierno del Estado explicó que la riña fue ocasionada por una disputa entre miembros del cártel de los zetas, específicamente por los grupos liderados por Juan Pablo Saldívar Farías, "El Z 27" y Jorge Iván Hernández Cantú, "El Credo".
Largo historial de sucesos violentos
Entre 2010 y 2012 se registraron al menos medio centenar de atentados con arma de fuego y granadas, que dejaron doce presuntos narcomenudistas y siete guardias muertos.
En diciembre de 2010 un comando armado secuestró a "La Pelirroja", líder de una banda de secuestradores, cuando era conducida desde el penal a un hospital para un chequeo médico. Días después su cuerpo apareció colgado de un puente peatonal.
En enero de 2011 las autoridades encontraron el cadáver de un integrante de los zetas, Gabriel Ayala Romero, alias "El Gaby", que tenía más de 20 puñaladas en el cuerpo. Un mes después aparecieron los restos del jefe de seguridad de la prisión, Francisco Martínez Ramírez, en una caja de plástico que fue abandonada al interior de un automóvil.
Manuel González Flores, secretario general del gobierno de Nuevo León, informó en agosto del 2018 que para el año 2020 el Penal de Topo Chico será demolido, después de que cumpla 77 años de funciones.
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