El presidente mexicano Enrique Peña Nieto promulgó el jueves una ley que impone severas penas de cárcel a responsables de casos de desaparición forzada, mientras que familiares de desaparecidos reclamaron que la legislación sea debidamente aplicada para que cese la impunidad.
En momentos que Peña Nieto promulgaba la ley en una ceremonia privada, algunos familiares de desaparecidos se manifestaron en las cercanías de la residencia presidencial con pancartas e imágenes de sus seres queridos.
Posteriormente, el mandatario recibió a los familiares y activistas ante quienes expresó su solidaridad y reconoció que la desaparición de personas es una de las experiencias más dolorosas que alguien pueda sufrir.
La ley que sanciona las desapariciones forzadas, es decir aquellas en las que están involucrados funcionarios, "es el primer paso" para "hacerle frente a la impunidad", señalaron los familiares en un comunicado.
Demandan además que esta ley sea aplicada en lo inmediato y con el acompañamiento de agencias de la ONU "para que se cumpla el objetivo que compartimos: la localización y presentación de las personas desaparecidas, la sanción a los responsables, reparación y no repetición".
La legislación fue impulsada por los padres, hermanos e hijos de personas desparecidas y "han depositado una gran esperanza en ella y eso compromete aún más al Estado a no fallarles nuevamente", dijo Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, durante la reunión con Peña Nieto, de acuerdo con un comunicado.
Si bien la ley "evidencia la voluntad política", ahora tendrá que "materializarse en una implementación efectiva, que traiga a las personas desaparecidas de vuelta a casa", añadió Reneaum.
Tras dos años de debate, el Congreso mexicano aprobó el 12 de octubre la norma que castiga con penas de 40 a 60 años de cárcel a funcionarios que estén involucrados en la desaparición de alguna persona y se nieguen a informar de su paradero.
Según cifras oficiales, al mes de septiembre poco más de 32.000 personas fueron registradas como desparecidas, sin embargo no se detalla las circunstancias ni la posible participación de funcionarios.
Según organizaciones de derechos humanos y medios locales, de 2006 a 2016 la fiscalía general inició poco más de 600 investigaciones sobre posibles desapariciones forzadas.
La ONU ha señalado en distintas ocasiones que México enfrenta un serio problema ante la multiplicación de desapariciones forzadas, además de que impera la impunidad.
En diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón lanzó un polémico operativo militar antidrogas que propició una ola de violencia, en medio de la cual se han registrado unas 190.000 muertes además de que se han multiplicado por miles las desapariciones.
Uno de los casos más dramáticos fue la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, que en septiembre de 2014 fueron detenidos por policías de la sureña ciudad de Iguala, quienes los habrían entregado a narcotraficantes, según la investigación oficial.
Organizaciones como AI han denunciado que con el despliegue de militares se dispararon los casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
(Con información de AFP)
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