La conductora se envolvió en este caso por presunta operación con recursos de procedencia ilícita en 2016, pero este martes 27 de octubre se dio a conocer que Inés Gómez Mont aparentemente promovió otro amparo contra la negación de la Fiscalía General de la República (FGR) de no interrumpir el ejercicio de la acción penal en su contra.
En junio de este año, una jueza federal sí le dio a Gómez Mont un amparo. Este fallo ordenó a la Fiscalía de la República dejar sin efecto un acuerdo donde la presentadora solicitó que no se ejerciera acción penal en su contra por aparentemente desviar más de tres mil millones de pesos.
Supuestamente la ex colaboradora de Ventaneando cuestionó a la dependencia por continuar con la “absurda investigación”, argumentando que no se tienen las pruebas suficientes.
El problema legal que enfrenta esta conductora comenzó en 2016, pues tuvo ingresos superiores a los que reportó en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Posteriormente, en 2018, Inés buscó llegar a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con ayuda del Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la PGR.
En un inicio, se dictaminó que Inés no había cubierto la totalidad del daño a Hacienda y se le exigió el pago extra de 2,604,537 pesos.
En octubre de 2019, Jacqueline Cruz, la abogada de la conductora, dio a conocer que la pareja estaba siendo investigada y afirmó lo siguiente para el programa De primera mano:
“Estamos siguiendo el curso legal para tener un procedimiento que se tiene que seguir para poder determinar y dar por concluido, aunque ya se ha cubierto el monto de este impuesto sobre la renta, que era sobre el que existía una discrepancia”.
Cabe recordar que la ex conductora es sobrina de Fernando Gómez Mont, ex secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón.
También existe información donde se presume al esposo de Inés como parte de un grupo selecto de amigos de Juan Collado, el abogado encargado del divorcio del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), defensor de Raúl Salinas de Gortari y detenido por la Fiscalía General de la República acusado de delincuencia organizada.
Desde el pasado viernes 10 de septiembre se dio a conocer que la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, tienen una orden de aprehensión en su contra por supuesto lavado de dinero.
De acuerdo con Animal Político, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), encargada del caso, tiene un informe que indica que la pareja salió de México desde hace varios meses, por lo que estarían en calidad de prófugos.
Por lo anterior, el pasado 19 de octubre la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) giró una ficha roja en contra de la conductora Inés Gómez Mont y de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por lo que ya son rastreados en más 190 países asociados.
La pareja está acusada de presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
En el sexenio pasado utilizaron empresas que sirvieron para “lavar” dinero, ya que simularon facturar luego de que se les adjudicaron contratos sin licitación por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob). En la indagatoria de la FGR, se mencionaron funcionarios federales directamente involucrados con el abogado y la conductora.
En septiembre pasado, Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, otorgó la orden de captura.
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