La Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) giró una ficha roja en contra de la conductora Inés Gómez Mont y de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por lo que ya son rastreados en más 190 países.
La pareja está acusada de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
En el sexenio pasado utilizaron empresas que sirvieron para “lavar” dinero, ya que simularon facturar luego de que se les adjudicaron contratos y sin licitación por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob). En la indagatoria de la FGR mencionaron funcionarios federales directamente involucrados con el abogado y la conductora.
En septiembre pasado, Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, otorgó la orden de captura.
La acusación que fue presentada ante dicho juez federal y con base en la cual se libró la orden de captura es FED/SEIDO/UEIORIFAM-MEX /0000758/2019 concluye hasta el momento con la intervención de la Interpol. Además, ambos son señalados en una investigación que realiza la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), de realizar operaciones con grupos delictivos a través de empresas facturadoras.
En caso de ser detenidos deberán ser encarcelados en una prisión federal; Álvarez Puga en Almoloya de Juárez, Estado de México, y ella en la prisión federal femenil que se localiza en Morelos. Ante este posible escenario, la conductora había emitido un comunicado de prensa el día que se hizo pública la orden de detención en su contra.
“Como lo anticipé en un comunicado anterior, he sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de aprehensión en mi contra. Ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON”, mencionó en ese momento.
Aunque se especulaba que se encontraba fuera del país con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga y su familia completa, ella aseguró en ese mismo comunicado que era inocente y que esperaba tener la oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación.
“Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada. Lo repito y lo sostengo: soy inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas”, finalizó la conductora-.
A la par de este caso, el juez también ordenó la aprehensión del ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerrero Durán; el motivo es el mismo por el que se busca detener al matrimonio.
Este último es el ex funcionario federal de mayor rango que está implicado de manera directa con el caso de la conductora. En su momento también fue el responsable de los centros penitenciarios del gobierno del estado de Chihuahua.
Además de los nombres ya mencionados, hay una orden de aprehensión en contra de nueve personas más, quienes presuntamente son responsables del desvío de más de 3 mil millones de pesos.
Entre los nombres de ex servidores públicos supuestamente implicados y más relevantes se encuentran: Jorge Arnaldo Nava López ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS, Jesús Gabriel Pérez, ex director general de Desarrollo Tecnológico, Emmanuel Castillo Ruiz, ex responsable de la Coordinación General de Centros Federales del OADPRS, Paulo Uribe Arriaga, ex director General de Administración, además de José Reyes Orta Sierra, Armando Romero López y Ricardo Cortés Contreras.
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