Por medio de un comunicado, el Observatorio de la Consejería de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), verificó que el pasado 28 de junio se registró un desplazamiento forzado masivo de aproximadamente 113 personas del resguardo Alto Andágueda, de la comunidad Conondo del municipio de Bagadó, departamento del Chocó.
Según la denuncia de la autoridad indígena, la situación se generó luego de enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos armados al margen de la ley que operan en la zona. Presuntamente, las familias desplazadas se encuentran ubicadas al frente de la Gobernación del Valle del Cauca. Por el momento, entre las personas sacadas de su territorio, se han identificado 69 niños, niñas y jóvenes y 44 adultos entre mujeres y hombres.
Ante esta realidad, la Onic le exigió a los grupos armados ilegales estatales y no estatales, “respeto por el derecho al control territorial de los pueblos y comunidades indígenas al interior de los territorios ancestrales de las comunidades de la Nación Embera, en tanto, están en riesgo de exterminio físico y cultural de acuerdo con lo dispuesto en el Auto 004 de 2009″.
En varias oportunidades, la Corte Constitucional ha advertido que al menos 34 grupos indígenas se encuentran en peligro de extinción a causa del conflicto armado y el desplazamiento. Algunas de estas comunidades se encuentran en situaciones más críticas que los demás. “La protección a estas comunidades vulnerables, presente en la legislación colombiana, debería ser garantizada”, recalcó el alto tribunal.
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En su comunicado, la Onic le realizó una solicitud al Gobierno nacional, la Unidad para las Víctimas, Fiscalía General, Defensoría y Procuraduría, “para que adopten las acciones necesarias, activen un corredor humanitario y todas aquellas medidas que ayuden a resguardar la vida e integridad de los más de 100 indígenas del Resguardo del Alto Andágueda, comunidad Conondo, municipio de Bagadó del departamento del Chocó”.
Según la ACNUR, entre enero de 2019 y marzo de 2022, han sido confinadas al menos 183.702 personas en Colombia, de las cuales la mayoría son afrocolombianas, campesinas e indígenas.
El pasado 17 de mayo, la Mesa Indígena del departamento del Chocó denunció que al menos 207 personas pertenecientes a 49 familias se desplazaron del municipio colombiano, Alto Baudó. De acuerdo con el ente, los desplazamientos se produjeron tras la masacre por causas desconocidas de cuatro personas residentes de los resguardos de Embera Dóbida y Dearade, en Alto Baudó.
La Defensoría del Pueblo emitió, en agosto de 2021, la Alerta Tempana 020- 21 para los municipios de Medio San Juan e Istmina (Chocó), en la que se advierte la situación de desplazamiento forzado, confinamiento, homicidios y elevado riesgo de enfrentamientos que infringen el principio de precaución del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
“Aunque algunas familias han logrado llegar hasta la cabecera municipal de Medio San Juan y a Istmina, el riesgo de desplazamiento forzado sigue latente mientras persistan las acciones de los grupos armados contra la población civil. Por esta razón, desde la Defensoría del Pueblo hago un llamado a las autoridades para fortalecer la presencia institucional y para garantizar los derechos de los habitantes de una de las regiones más golpeadas por la violencia”, puntualizó en su momento, el defensor Carlos Camargo.
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